Ante el reconocimiento de que en este año 78 personas perdieron la vida a causa del dengue, y que la mayoría no recibió la atención adecuada en los centros de salud, la ministra de Salud Públicat, Altagracia Guzmán Marcelino, debería renunciar del cargo o en su defecto ser destituida.

Así lo consideró Minou Tavárez Mirabal, presidanta del Partido Opción Democrática, quien afirmó que ese dato -que aparece entre los resultados de una auditoría que se hizo al manejo de los casos de dengue- revelan además las deficiencias del sector salud del país.

En ese sentido destacó que, en una sociedad verdaderamente democrática, la salud se debe garantizar como uno de los tantos derechos ciudadanos, y de eso el Estado es el gran responsable.

“Setenta y ocho muertes es una cifra impresentable, inaceptable, porque de lo que estamos hablando es que se nos están muriendo los pacientes de enfermedades que son prevenibles y en el presupuesto nacional hay un renglón para eso, aunque es bajísimo”.

Tavárez Mirabal, quien también es candidata a la presidencia por el Partido Alianza por la Democracia (APD), cuestionó que las autoridades de salud no den las cifras reales de las muertes por dengue ocurridas hasta octubre pasado.

La auditoría al manejo de los casos de dengue, realizada por disposición del Ministerio de Salud Pública, establece que de 116 muertes probables 25 tuvieron otras causas.