Hoy 
El ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, afirmó ayer que la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene debilidades en materia penal, por lo que abogó por la creación de una figura jurídica para sancionar a los que dañan los recursos naturales.
El funcionario habló, tras reunirse con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para abordar aspectos relativos a dos resoluciones que cursan en el organismo legislativo; una que declara a Haina municipio de alto nivel de contaminación, de la autoría del diputado Pedro Carreras; y otra del congresista Julio Encarnación, que solicita el saneamiento del río Isabela.
Sobre la contaminación ambiental que afecta Haina, el ministro de Medio Ambiente la atribuyó a la poca responsabilidad de los industriales de la zona que no aplican un efectivo plan de manejo de desechos sólidos. Además, Fernández Mirabal recordó que la Ley 176-07, sobre municipios establece que el problema ambiental es responsabilidad de los ayuntamientos y que además, la misma obliga a los gobiernos locales a crear una unidad de gestión ambiental, que se encargue de velar por la calidad del medio ambiente de su entorno.
Sobre la solicitud de saneamiento del río Isabela, sostuvo que es una entendible preocupación por el alto nivel de contaminación de este río.
Diputados harán descenso en frontera
Por otro lado, la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, que preside el congresista Rafael Méndez, estarán hoy y mañana jueves en Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez haciendo un descenso para verificar la forma en que se aplica la Ley 2801, que incentiva la actividad comercial y empresarial en la frontera.
Méndez ofreció la información luego de escuchar denuncias de la Asociación de Navieros de la República Dominicana y el Consejo de Desarrollo Fronterizo sobre supuestas irregularidades en el cobro de los impuestos por concepto de la importación de materias primas y maquinarias.
Aníbal Piña, vicepresidente de la Asociación de Navieros; Mario Medina, vicepresidente del Consejo de Desarrollo Fronterizo, y Milagros Rojas, directora ejecutiva, denunciaron que pagan el 100% de los impuestos por concepto de la importación de materias primas y maquinarias a pesar que la Ley 2081 establece que el pago de esos gravámenes debe ser un 50%.
La situación fue expuesta en una reunión en el organismo legislativo, en la que participaron también representantes del Gobierno.
