El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que está a la espera de los resultados de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en torno a decenas de contratistas que recibieron durante gobiernos anteriores el 20 por ciento de los recursos para la construcción de centros educativos y que no cumplieron con sus obligaciones contractuales.

Recordó que los expedientes que implican más de 3 mil millones de pesos fueron entregados en sus manos a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho para las pesquisas de lugar.

“Estamos esperando que la justicia opere…, al ritmo de la justicia”, acotó.

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Vale precisar que en diciembre del 2022, el consultor jurídico del Minerd, Nelson Rudys Castillo Ogando, por instrucciones del ministro Ángel Hernández, depositó ante la Procuraduría General de la República, un legajo de documentos contentivos de los contratos que no han sido cumplidos, así como alegadas pruebas de la entrega de adelantos económicos significativos.

Los expedientes corresponden a obras adjudicadas desde el año 2012 hasta el 2020.

El funcionario fue abordado sobre el tema, tras participar el pasado miércoles, en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Docentes cancelados

En otro orden, Hernández informó que de los 24 mil docentes que fueron convocados al Programa Nacional de Inducción, 369 no van a ser confirmados porque no cumplieron con los requisitos del curso, que es obligatorio.

“En otro momento, quizás, hubieran pasado, pero ahora no, ahora los vamos a cancelar porque no hicieron el curso y era una obligación”, precisó el funcionario.

Fue tajante al precisar que es necesario “poner un punto, una diferenciación en lo que era antes y ahora, porque ahora se cumple con la ley”.

La inducción, como tercer tramo en la trayectoria definida en la carrera docente, está contemplada en la Ley General de Educación 66-97, en el Reglamento del Estatuto del Docente, en la Ley de Función Pública 41-08, así como en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa y la Estrategia de Desarrollo 2030”.

De acuerdo a lo explicado este proceso permite a los docentes que ingresan al sistema educativo dominicano, agotar un período probatorio de un año en el marco del cual se desarrolla el proceso de inducción, que concluye con una evaluación satisfactoria del nuevo docente.