El ministro de Medio Ambiente delegó las sanciones administrativas a los directores provinciales y viceministros con el objetivo de eficientizar esos procesos.
Mediante resolución 027-2017 del ministro Francisco Domínguez Brito, a partir de ahora los directores provinciales podrán sancionar ilícitos ambientales hasta un monto de 20 salarios mínimos vigentes para el sector público y los viceministros las que superen ese tope.
Además se estable que los viceministros y directores provinciales solo podrán aplicar las sanciones a los infractores en sus correspondientes áreas sustantivas o demarcaciones territoriales de competencia.
Según la medida, las sanciones deberán realizarse con apego al debido proceso administrativo, debiendo hacer constar en la resolución sancionadora que actúan en calidad de autoridad delegada del ministro de Medio Ambiente.
Estas calidades no podrán ser subdelegada en terceros, según la resolución, que fue aprobada por Francisco Domínguez Brito el pasado 22 de agosto y solamente tendrá vigencia por un año.