Nosotros estamos aquí para proteger el medio ambiente y los recursos naturales de República Dominicana. Que nadie tenga duda alguna sobre eso”, fue la respuesta del ministro de Medio Ambiente cuando se le preguntó ayer sobre la solicitud que formuló la empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) para continuar su actividad en Loma Miranda.

Orlando Jorge Mera indicó que en los próximos días el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fijará su posición sobre ese asunto.

Sin embargo, afirmó que la institución tiene la vocación de hacer respetar la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales.

El funcionario señaló que ha estudiado los antecedentes de este caso, entre ellos la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió los trabajos mineros en esta reserva natural y el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que había descartado el estudio de impacto ambiental sometido por Falcondo para la explotación de la zona.

Extender sus operaciones. En enero pasado, el Ministerio de Medio Ambiente recibió una solicitud para un estudio ambiental, de parte de la empresa Falcondo, que sería una extensión de su actual producción minera.

A través de esta solicitud, la compañía busca explotar una área de 4.6 kilómetros cuadrados en “La Manaclita”, un terreno ubicado dentro de Loma Miranda, para así ampliar sus operaciones de extracción de ferroníquel por 20 años más.

Títulos de áreas protegidas. El ministro Jorge Mera se pronunció en estos términos tras firmar un convenio con el presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, para lograr que las 127 áreas protegidas sean provistas de su correspondiente Certificado de Título o Matrícula a nombre del Estado dominicano.

En el acuerdo, el CPJ se compromete, a través del Registro Inmobiliario, a proveer información registral y catastral sobre las áreas protegidas para el establecimiento y actualización de perímetros y posterior determinación de los terrenos pertenecientes al Estado dominicano en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.