El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, planteó este jueves a la sociedad dominicana pactar con el Gobierno la asignación del 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación en un plazo acordado mediante compromiso.

El funcionario entiende que el pacto se hace necesario en vista de las limitaciones de recursos que tiene el gobierno para cumplir con la indicada ley, pues del 13 por ciento de presión tributaria que rige en el país, el 9 por ciento está comprometido en el presupuesto en cargas como el servicio de la deuda, el pago de sueldos y salarios y el subsidio a la electricidad, entre otros.

El ministro, en declaraciones en su despacho del Palacio Nacional, tras evaluar el IX Censo Nacional de Población y Vivienda., justificó su propuesta de un pacto en que en lo inmediato es imposible para el Gobierno disponer de esos fondos, unos RD$840 mil millones.

“El Gobierno tiene obligaciones para el próximo año que consisten en destinar el 3.1 del PIB al pago de los intereses de la deuda, porcentaje del que el 1.1% corresponde a intereses de la deuda del Banco Central, creada por el PRD (Partido Revolucionario Dominicano)”, argumentó, según una nota de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.

Aseguró que, de no haber existido ese porcentaje (1.1%),  esos fondos bien pudieron haber sido destinados al Ministerio de Educación.

Agregó que a ese 3.1% del PIB destinado al pago de los intereses de la deuda, se le debe sumar el 4% del producto interno bruto que, de manera permanente, el Gobierno tiene que aplicar en pago de sueldos y salarios.

“Además, gústenos o no, tenemos que sacar el 2% del PIB para el subsidio al sector electricidad, todo lo cual suma un 9% del producto interno bruto”, calculó.

 Ese cómputo determina, subrayó el funcionario, que el país, con una  presión tributaria que es el 13% del producto interno bruto, dispone apenas del 4% del PIB para atender todas las demás obligaciones nacionales.

Montás dijo que esa realidad es que lo induce a plantear que es necesario llegar a un pacto entre el Gobierno y la Sociedad Civil, bajo el compromiso de en un periodo que puede ser de dos hasta cuatro años cumplir con el 4% del producto interno bruto para la educación.

El ingeniero  Montás tanteó que ese plazo podría ser desde dos hasta cuatro años, para dar cumplimiento así a la Ley 66-97 que establece el porcentaje.

El funcionario dijo que respeta la decisión de las organizaciones cívicas que patrocinan el movimiento social  a favor del 4% del PIB que objetan la contraoferta gubernamental de destinar a educación el 30% de los excedentes  fiscales provenientes del presupuesto del próximo año.

“Hay que respetar su posición, lo que el gobierno tiene que hacer es identificar recursos para destinarlos a la educación, pues desde el gobierno no se rechaza asignar más recursos sino que, dadas las restricciones fiscales, es sumamente difícil asignar el cuatro por ciento del PIB a educación”, agregó

Dijo que esa realidad que él describe es de imposibilidad material, lo que aconseja a la nación analizar la situación de manera cuidadosa. Planteó que su propuesta es una demostración de que es incierto que el Gobierno no tenga interés en satisfacer las necesidades del sector educación.

En torno a las críticas que atribuyen al Gobierno disponer de fondos para obras de infraestructura como el Metro, Montás defendió que esas son inversiones de infraestructura prioritarias también.

“Uno de los grandes problemas de América Latina, no digo sólo de la República Dominicana, es que se destina poco a infraestructura que, junto a la salud, a la educación, es prioridad también”, argumentó.

Ante esa disyuntiva, destinar los fondos a uno u otro sector, dijo que la resolución de ese problema es pensar en que es una necesidad la búsqueda de más recursos para infraestructura, para educación y para la salud.

 En otro aspecto, el ministro previó que las diferencias del Poder Legislativo en torno a determinadas asignaciones presupuestarias deberán resolverse con el Ministerio de Hacienda.

 “Cualquier decisión requerirá un acuerdo mediante comunicación del Ministerio de Hacienda, validado por el Presidente”, dijo.

Consideró correcto que el Senado no aprobara el proyecto de presupuesto de la nación sin consultar antes por las implicaciones que tendría sobre los criterios en que la propuesta está sustentada.

Explicó que, de acuerdo a la Constitución, el Congreso no puede modificar el proyecto de presupuesto de manera unilateral, sin el aval del Poder Ejecutivo, que lo sometió el primero de octubre.

La negativa del Senado a aprobar el proyecto se debió entre otras razones a que los legisladores de la región sur del país presionan que en el mismo sean incluidos los US$50 millones para la construcción de la Presa de Monte Grande.