Ministro Economía sugiere coherencia  entre leyes especiales y recursos fiscales

Ministro Economía sugiere coherencia  entre leyes especiales y recursos fiscales

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo interpretó este viernes la presión social por la educación como una oportunidad para el Poder Legislativo prever la capacidad fiscal del Estado antes de destinar fondos presupuestarios mediante leyes especiales sin considerar sus implicaciones.

El ingeniero Temístocles Montás afirmó que si no es resuelto ese problema, que pone en dudas la credibilidad o institucionalidad del Estado, primer eje de la Propuesta Estrategia Nacional de Desarrollo, el país no dará el salto a un verdadero estado de Derecho.

 “Hay que construir la institucionalidad, la cual requiere la atención no sólo de la sociedad en su conjunto, sino y sobre todo de quienes hacen política desde el Congreso, por ejemplo”, comentó el ministro en una entrevista al espacio “El Despertador” por Antena Latina.

 El funcionario alertó sobre la improcedencia de crear leyes sin la responsabilidad de reparar en el requerimiento que esas mismas leyes demandarán después que son promulgadas.

“Por ejemplo, el 4% ha puesto sobre el tapete la necesidad de poner atención no sólo al cumplimiento de esa Ley, sino también a la creación de leyes no consistentes con la capacidad fiscal del país”, contrastó.

Recordó que ese procedimiento de “parcelar” el presupuesto de ingresos del Estado al margen de su capacidad fiscal incluye otorgar el 1% del PIB a educación superior, el 10% de los ingresos estatales a los ayuntamientos, destinar fondos especiales al Poder Judicial, al propio Poder Legislativo, a Impuestos Internos, a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría General.

El 5% para Educación y Educación Superior (1%) son RD$106,000 millones; RD$42,000 millones el 2% para la Seguridad Social; RD$28,930 millones el 10% de los ingresos estatales para los ayuntamientos; RD$14,465 millones el 10% para el Poder Ejecutivo; RD$8,968 millones el 3.1% para el Legislativo y el 2.6% de los ingresos estatales, RD$7,710 millones para el Judicial.

“Si desde el Gobierno se acogieran todas esas leyes especiales tal y como están contempladas (RD$224,153 millones), representaría casi todos los ingresos públicos del Gobierno para el próximo año, alrededor de 289,300 millones, a lo que debe sumarse el pago de intereses de la deuda (RD$63,780 millones), una obligatoriedad que representa el 3% del PIB”, advirtió.

Por tales razones, el ministro de Economía hizo un llamamiento a la responsabilidad porque, adicionalmente, hay que considerar los presupuestos de otras instituciones, como Cámara de Cuentas, Aduanas, Impuestos Internos y el Ministerio Público.

Recordó además las partidas presupuestarias correspondientes a ministerios como los de las Fuerzas Armadas, Interior y Policía, Medio Ambiente y Salud Pública.

Insistió entonces en la necesidad de revisar y descontinuar la evacuación de leyes especiales que en conjunto absorberían el 13% del PIB, precisamente el porcentaje de la presión tributaria del Estado desde 2004.

Montás dijo que ante tal realidad emerge la obligación de aumentar los ingresos del Gobierno, lo que, no más de plantearlo, hallaría objeciones porque nadie, a la hora de la verdad, quiere asumir la responsabilidad de cumplir los compromisos que implican esas leyes.

Afirmó  que en 2004 esa era la presión tributaria sobre la que descansó un presupuesto que asignaba a Educación el 1.3% del PIB hasta 2007, cuando se lo incrementó a 2.2%, ya cuando el presupuesto lo elaboraba lo que es hoy el Ministerio que él dirige.

Entre 2008 y 2009 la crisis del petróleo y de los alimentos, seguida por la crisis financiera mundial, impidió que siguiera creciendo la inversión en educación hasta 2009, cuando se situó en 2.3%, con intención de llevarla a 2.4 en 2011 y, con la propuesta del Presidente a la Coalición Educación Digna, de llevarla a 2.7%, mientras la tributación del Estado permanece en los niveles de 2004.

“Por eso, estamos insistiendo en que tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a financiar el desarrollo del país. Esto tiene que obligarnos a reflexionar sobre la situación, pues no se puede seguir evacuando leyes sin considerar las implicaciones de esas leyes”, aconsejó.

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