Ante las críticas generadas por alegada violación al derecho a la intimidad con la circular 018031 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que instruye a los empleados del Gobierno a presentar constancias del pago de los servicios públicos como agua y energía eléctrica, el titular de la institución, Sigmund Freund, defendió la disposición, al asegurar que no viola la Constitución ni la Ley de Función Pública.

Expresó que la circular está sustentada en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que se tomó a partir de una sugerencia del Gabinete Eléctrico, como parte del proceso de regulación de los contratos entre la ciudadanía y las distribuidoras de electricidad.

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Aseguró que no habrá cancelaciones por su incumplimiento. Freund insistió que el objetivo es crear una cultura de pago entre los empleados de la administración pública.

Cuestionado en torno si no podría ser retirada la medida, el funcionario indicó que se mantiene y que está dispuesto a defenderla “donde quiera”.

Freund recordó que la Ley de Función Pública establece en sus principios, que haya un régimen de integridad de los servidores públicos y una cultura de pago. Dijo que el Gobierno, como mayor empleador con casi 600 mil servidores, debe dar el ejemplo.

Insistió que la idea es levantar información para el desarrollo de las políticas del sector eléctrico.

En similares términos se pronunció el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, de que la disposición no viola la Constitución ni se puede cancelar a un empleado por no entregar la información.

Indicó que la medida es una forma de resolver el problema eléctrico y a que los empleados no se le va a pedir datos como la dirección, aunque precisó que esa es una información que tienen todos los empleadores.

Marranzini expresó que no entiende el por qué ha generado escándalo la disposición del MAP. Ambos funcionarios hablaron del tema durante varias entrevistas en programas radiales.

La circular

En la circular, Freund indicó que el objetivo principal es conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, en virtud de la necesidad de la existencia de orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta ciudadana y levantar información para diversos proyectos. “Es fundamental que, como servidores públicos, cumplamos con el deber constitucional de respetar las normativas vigentes”, manifestó.