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Por Rosendo Majano
Washington, 29 sep (EFE).- Altos cargos de Nicaragua acusados de presuntos delitos electorales, denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) «un golpe de estado en cámara lenta» en su país, apoyado por «un terrorismo judicial».
La CIDH prometió a la misión considerar el envío a Managua -posiblemente antes de la segunda semana de octubre próximo-, de un grupo de expertos para que examine in situ la crisis política del país centroamericano.
Los ministros de Gobernación, Julio Vega; Educación, Miguel Angel García, y otros funcionarios de alto rango desaforados por la Asamblea Nacional de su país, explicaron en Washington al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, «la delicada situación» nicarag~ense.
Además, culparon a la Asamblea Nacional y al Poder Judicial de una «persecución política» y de violar sus derechos humanos.
Tras la reunión, el grupo de ministros informó en una rueda de prensa sobre los resultados «satisfactorios» de la misma.
Cantón les dejó claro que la CIDH «observaba con sumo cuidado la crisis de Nicaragua, porque es un caso que ya había extralimitado los casos similares que le han presentado otros países», dijo Vega.
Para el ministro de Gobernación, el problema de Nicaragua es de tipo político y en el mismo «es más que evidente la violación a los derechos humanos».
Los funcionarios enviados a la OEA por el presidente nicarag~ense, Enrique Bolaños, también expusieron al secretario general del foro regional, José Miguel Insulza, «la violación del estado de derecho» por parte del Parlamento y el Poder Judicial.
Insulza expresó «su respaldo total, y el de la OEA» a la democracia nicarag~ense, precisó Vega.
Asimismo, el titular de la OEA les indicó que todo lo que ha venido haciendo la organización a favor de Nicaragua «va a servir de base para que la CIDH realmente tenga la certeza de que allí se vive una situación (grave) real e inminente».
Tanto Vega como el ministro de Ambiente, Arturo Harding, pusieron de manifiesto la confianza que mantiene en la OEA el Gobierno de Bolaños para la solución de la crisis por medio del diálogo.
Este diálogo incondicional es gestionado en Managua desde junio pasado por el ex canciller de Argentina Danto Caputo, que hasta hoy no ha logrado mayores frutos, según fuentes diplomáticas de la organización regional.
Los representantes nicarag~enses advirtieron sobre «los riesgos» que para la estabilidad y seguridad de Centroamérica supondría la eventual destitución del presidente Bolaños, sobre el que también pende una amenaza de desafuero por supuestos delitos electorales.
Vega resaltó que los presidentes de Centroamérica han manifestado verbalmente y por escrito, que desconocerán a cualquier Gobierno que surja del derrocamiento de Bolaños.
Agregó que los supuestos «delitos electorales» que les atribuye el Parlamento, «son una figura establecida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN de izquierda) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, de derecha) como un mecanismo de chantaje y de presión» contra los amigos del presidente Bolaños.
Los ministros reiteraron que dentro del proceso de «un golpe de estado en cámara lenta, Alemán y Ortega ya tienen secuestrados a los poderes Legislativo y al electoral y ahora van tras una parte del Poder Ejecutivo en contra de los deseos de todo el pueblo de Nicaragua».
Aseguraron que el Gobierno de Managua considera que los aportes de la OEA para solucionar la crisis «pueden ser vitales para restaurar la democracia de Nicaragua que de alguna manera ha sido vulnerada».
Afirmaron que «el balance del poder del Estado ha sido alterado» y que la democracia de su país «no está saludable en estos momentos, menos aún con un Poder Judicial corrupto, politizado y partidista».
Pusieron de relieve que el Gobierno de Nicaragua confía en la OEA, especialmente el pueblo nicarag~ense «porque la organización siempre les ha respondido en los momentos difíciles».
En este sentido, recordaron que en 1979 «pudimos salir de la dictadura de los Somoza con la ayuda de la OEA». EFE
