La candidata presidencial de Opción Democrática y Alianza por la Democracia, Minou Tavárez Mirabal, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional de anular el Código Penal aprobado este año por la Cámara de Diputados y promulgado por el presidente de la República, era previsible dadas las irregularidades cometidas en el proceso.

“Esta es la crónica de una sentencia anunciada, advertimos en el Congreso de la manipulación e irregularidad en los procedimientos, los cuales solo encontraban explicación en una estrategia deliberada para sabotear la aprobación de dicho Código. Esta decisión, si bien parece fundamentarse en un primer momento en vicios en el procedimiento de aprobación puede significar un precedente peligroso para la garantía y avance  de los derechos”, dijo.

Minou recordó que la ley declarada inconstitucional fue aprobada de manera irregular, al no ser sometida al Senado, violando la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional.  «En su momento califiqué lo ocurrido con el procedimiento como mostrenco» y  aseguró que «tanto el Presidente de la República como el presidente de la Cámara de Diputados sabían que esto iba a suceder y actuaron de manera intencional».

La legisladora lamentó que el país siga sin avanzar en materia de justicia y derechos y sin adaptarse a los estándares mundiales para retroceder más de 130 años en materia penal, pues sigue vigente el Código Penal del año 1884.

“El Código Penal, declarado institucional, avanzaba en la tipificación y sanción de los crímenes de lesa humanidad,  como la tortura, la prostitución forzada, la explotación sexual comercial; abordaba temas como el sicariato, delitos cibernéticos, el feminicidio, además de la despenalización de la interrupción del embarazo en algunas causales. Este Código era una oportunidad que tenía el país  de dar un pequeño paso de avance en dirección a salir del atraso en materia penal, de pagar una gran deuda social con los derechos reproductivos de las mujeres y de armonizar la legislación penal con la Constitución”, sentenció.

Finalmente, la candidata presidencial de Opción Democrática y Alanza por la Democracia insistió en el hecho que “quienes más necesitan del respeto a la ley, el respeto a los procedimientos legales y constitucionales, son los ciudadanos y ciudadanas a quienes sus derechos no le son reconocidos”.