La candidata presidencial de Alianza por la Democracia, Minou Tavárez Mirabal, aseguró hoy que al momento de ganar la presidencia de la República, trabajará por desmontar el aparato de impunidad y aplicar sanciones a funcionarios que cometan actos de corrupción.

Durante su participación en el debate virtual presidencial, Batalla por tu Voto, que transmite Telesistema, Minou reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y en defensa de las leyes, para lo cual reiteró que es necesario construir un sistema de justicia independiente, que no reciba órdenes del poder ejecutivo y defienda a la Constitución y las leyes.

«El Poder Ejecutivo no debe nombrar al Procurador General de la República ni a los fiscales, aquí hay que aplicar la Ley de Carrera del Ministerio Público para lograr la independencia de esa institución que es vital para tener una justicia imparcial en el país», indicó.

Asimismo, agregó que los fiscales «no pueden ser nombrados sólo por ser primos, hermanos o amigos del funcionario tal o del secretario del partido tal. Cuando yo sea presidenta de la República Dominicana no habrá fiscales hijos, primos, ni cuñados de los funcionarios públicos”.

En relación a la Suprema Corte de Justicia, Minou aseguró que desmontará el actual aparato instalado en el poder, que otorga total control al Poder Ejecutivo en el nombramiento de las altas cortes.

«La solución al tema de la justicia es política, lo primero es que tenemos que acabar con la práctica de nombrar al socio de una oficina de abogados o al amigo de un político como presidente de la Suprema Corte, vamos a nombrar jueces de carrera y nosotros, en la primera convocatoria al Consejo de la Magistratura de nuestro gobierno, propondremos que todos los jueces de la Suprema Corte que se elijan sean de carrera, aunque no esté obligada por la Constitución, pero la Constitución tampoco lo impide», aseguró Minou.

Se comprometió además a aplicar medidas concretas para garantizar la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de la ley de todos los funcionarios públicos del país, a través del cumplimiento de la Declaración Jurada obligatoria de los empleados públicos.