Boston.-Una jueza de Massachusetts acusada de ayudar a un inmigrante dominicano a que escapara de un agente federal que iba a arrestarlo, recibirá su paga mientras se resuelve su batalla legal, determinó el martes la más alta corte estatal.

Revirtiendo el curso en un caso de gran interés que ejemplifica la resistencia oficial a la severa política de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump, la Suprema Corte Judicial dijo que la jueza de la corte de distrito de Newton, Shelley Joseph, reanudará el cobro de su sueldo anual de 181.000 dólares.

En una decisión de 5-1, la Suprema Corte Judicial ordenó asimismo que a la jueza le paguen su sueldo atrasado correspondiente a finales de abril, cuando la corte falló que sería suspendida sin goce de sueldo.

Joseph impugna los cargos penales federales que se le imputan por haber ayudado al dominicano, cuyo nombre no se revela, a que escapara por la puerta trasera de su corte mientras un agente federal de inmigración esperaba para llevárselo.

Joseph se declaró inocente de obstrucción de la justicia y según los expedientes judiciales ella rechazó un acuerdo que le ofreció la fiscalía el mes pasado. Un exagente de la corte también fue acusado.

El caso atrajo la atención nacional, y el abogado de Joseph afirmó que la imputación formal de la jueza tenía un carácter “absolutamente político».

“Los gobiernos federal y estatal han señalado posturas distintas y a veces discrepantes sobre lo que puede o no puede hacerse respecto de los inmigrantes sujetos a… órdenes civiles en cortes estatales», subrayó el magistrado Scott Kafker en su opinión que acompañó al fallo hecho público el martes.

Joseph arguyó en una declaración jurada que presentó en la primavera pasada que su familia ha tenido que hacer frente a altos honorarios legales, tuvo que pedir prestado a amigos y parientes, y está en peligro de verse obligada a vender su casa.

Grupos de abogados y varios jueces jubilados han expresado su apoyo a Joseph y consideran una medida “sin precedentes» que le sea quitada la paga a una jueza a la que no se ha declarado culpable de delito alguno.

La Barra de Abogados de Massachusetts, la Asociación de Abogadas de Massachusetts y la Academia de Abogados Litigantes de Massachusetts dijeron en documentos judiciales que los jueces “deben tener la capacidad de actuar sin temor sobre su sustento o bienestar de su familia si un litigante poderoso, el público u otros jueces no están de acuerdo con sus acciones».

El magistrado presidente Ralph Gants dijo el martes que él apoyaba ese punto de vista. “En tiempos turbulentos, el riesgo de que le quiten a un juez su cheque de paga puede tener un efecto desalentador en su disposición a desafiar el proceder del fiscal y por ende disminuye la independencia general del sistema judicial», escribió. En la opinión discordante, el magistrado Frank Gaziano dijo que la decisión “constituye un trato preferencial y por lo tanto erosiona la confianza del público en el sistema judicial».