Por Asdrúbal Sepúlveda

El envejecimiento de la población, sus múltiples efectos en el contexto y las inconsistencias del Estado en el tema, proyectan un panorama sombrío para la nación dominicana. Entender la estructura poblacional de las sociedades permite pronosticar efectos y orientar medidas proactivas de reordenamiento y/o aprovechamiento de potencialidades. En su defecto, quedarse rezagado y no anticipar pauta ante los impactos significa acumular problemas que más temprano que tarde tendrán graves consecuencias para todos y todas.

El acelerado aumento de la población envejeciente a nivel mundial y la necesidad de que los Estados formulen políticas de protección al adulto mayor, ha llevado a la ONU a proclamar el 1ro de octubre de cada año, como el Día Mundial de las Personas de Edad, exigiendo a los gobiernos la creación de programas que motiven a estas personas a permanecer activas, cumpliendo propósitos en sus comunidades.

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El envejecimiento como etapa final del ciclo de vida, constituye un heterogéneo proceso bio-psico-social que, en el transcurso de las últimas décadas, ha venido alargándose como consecuencia del incremento en la esperanza de vida. El envejecimiento demográfico modifica modelos de enfermedades, cambia patrones de consumo, altera las relaciones sociales, trastorna la economía, induce variaciones en la cultura, impacta la representación política y modifica la vida social.

En nuestro país, el descenso sostenido de las tasas de mortalidad, seguido de un decrecimiento en los niveles de fecundidad, determinan el envejecimiento demográfico que vivimos. La razón de vejez, que es la relación entre la población de 60 años y más, con la de menos de 15 años, según los estudios demográficos al 2015, era de un 18%; al 2020 fue de 22%, llegaremos al 39% el próximo año 2025 y para el 2050 se espera que la pirámide poblacional se invierta (CELADE).

Preocupa que el envejecimiento del dominicano se produce en un contexto marcado por la pobreza con agudas desigualdades en el acceso a los recursos, bajo niveles de educación, débil cobertura de seguridad social, reducida participación en el mercado del trabajo, dependencia funcional en aumento y costos impagables de fármacos para enfermedades crónicas; así como exiguas pensiones y existentes formas modernas de servidumbre y trabajo forzado. La CEPAL lo advirtió al indicar que nos encontramos entre los países con menos tiempo para adaptarse a las consecuencias del envejecimiento poblacional.

Peor aún, frente a esta deprimente realidad del adulto mayor, las intervenciones gubernamentales se focalizan en medidas asistencialistas de poco alcance que, aparentando ser muy humana, en el fondo son excluyentes, solo reconocen un reducido segmento de envejecientes que viven en estado de indigencia e invalidez, creando un fatídico círculo vicioso que cuando asiste a un adulto mayor en condiciones de extrema vulnerabilidad, otros 10 pasan a engrosar la fila de indigentes. En ese sentido, las políticas públicas son excluyentes de la mayoría de la población envejeciente.

Actualmente como país atravesamos la etapa del bono demográfico, predominando una abundante y potencial población económicamente activa pero ociosa, que no estamos aprovechando en elevar la productividad nacional, generar los recursos necesarios para cuando próximamente aumente la razón de dependencia y entremos a la fase de deuda demográfica sin poder asistir a una mayoría de envejecientes demandando atención de todo tipo.

En consecuencia, desde ya, un grupo cada vez más amplio de adultos mayores requiere más servicios sociales, mayor protección, garantía plena a su integridad y al ejercicio del derecho. Por lo que es fundamental que, como sociedad, prioricemos la preparación del capital humano y aumente el ahorro interno, se incentive la inversión y el capital productivo, impulsemos la innovación tecnológica para abrir el mercado de trabajo a una mayor participación de mujeres y adultos mayores, como forma de elevar la productividad, crecer económicamente y enfrentar los desafíos que nos plantea el envejecimiento poblacional.

De no actuar rápido y adecuar las políticas públicas a la transición demográfica que vivimos, caeremos en un peligroso vacío que pagaremos muy caro. Situación que de cualquier modo requiere la atención inmediata de los actores nacionales.