En unos casos es ese pesimismo histórico expresado por pensadores como José Ramón López, García Godoy, Henríquez y Carvajal, Américo Lugo, Peña Batlle o Moscoso Puello. En algunos es resignación, pero en otros es la miopía voluntaria de poner los intereses partidarios por encima de la colectividad.

Sin embargo, contrario a todos los anteriores, el argumento que es imposible tener personas independientes en la Justicia porque “todos somos políticos” o “habría que ir a la luna a buscarlas” acaba de ser desmontado, demostrándose que una cosa es la simpatía política y otra distinta la militancia partidaria.

Un ejemplo reciente y claro de que no son descabelladas las pretensiones de tener una justicia independiente es el comportamiento que ha tenido el Tribunal Superior Electoral (TSE) en esta larga ruta, pre y post elecciones, donde ha sido apoderado de cientos de recursos (sólo tras las elecciones de mayo ha recibido más de 108 impugnaciones), y ha salido airoso.

Más allá de esas desacertadas amenazas de juicio político en el Congreso, que la misma ciudadanía rechazó, en general, ninguna de las partes, ni las que han sido beneficiadas con sus decisiones, ni las que no, han cuestionado la probidad o calidad de las sentencias, relacionándolas a intereses políticos o partidarios de estos magistrados y magistradas.

Este factor, consecuencia directa de tener un TSE con una composición creíble, ha revestido de mayor tranquilidad, paz y confianza las distintas etapas de este proceso electoral. ¿O acaso alguien se ha detenido a pensar qué fuera del ya complejo escenario si como tensión adicional tuviera un tribunal con una composición criticada, tal cual sucedió en el pasado?

Esto es una muestra de que si es conveniente y posible encontrar personas profesionales, capaces y dignas para conformar las altas cortes. En ese sentido, la petición que viene haciendo desde el 2017 la ciudadanía de contar con una justicia independiente, que comience por una Procuraduría General de la República cuyo incumbente no salga de un organismo partidario, es totalmente realizable.

De hecho, decenas de veces Luis Abinader, hoy presidente electo, prometió designar en los primeros 100 días de su Gobierno ese Procurador o Procuradora independiente. En el caso del Ministerio Público, son varios los nombres que organizaciones sociales han propuesto. Entre ellos están las magistradas Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso, Katia Miguelina Jiménez y el abogado Ricardo Nieves.

Sé de sobra que para algunas cosas la voluntad política no basta, afortunadamente este no es el caso. Si de verdad se quiere complacer una demanda de la ciudadanía y de ñapa honrar una promesa de campaña, nombres y buenas candidaturas sobran. Recordemos que el que busca, encuentra.