Los diputados Alfredo Pachecho, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Mirian Cabral, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se contradijeron en sus posiciones en relación con la licitación por más de 380 millones prevista por el Plan Social de la Presidencia, presuntamente con fines de favorecer en tiempos electorales.

«Esto no es un tema de Orlando Jorge Mera, esto es un tema de la institucionalidad de la República Dominicana», expresó Pacheco al tomar un turno en la Cámara Baja, en referencia a la denuncia que realizó Jorge Mera y Manuel Crespo, delegados del PRM y la Fuerza del Pueblo, respectivamente, ante la Junta Central Electoral (JCE).

«Nosotros estamos requiriendo que la ley que discutimos, aprobamos, sea debidamente aplicada, y que establece claramente, en el artículo 196 en sus párrafos, que los planes sociales en este momento no pueden ser utilizados para la compaña electoral, para producir favorabilidad», dijo Pacheco al citar la Ley del Régimen Electoral.

En tanto que Cabral dijo que el presupuesto de compra del Plan Social de la Presidencia fue recortado este año en 226 millones de pesos, lo que a su entender demuestra que el gobierno jamás ha tenido la intención de utilizar ese programa de asistencia para proselitismo político.

La legisladora dijo, ante el hemiciclo, que durante el 2019 ese capítulo de apoyo social recibió unos 726 millones de pesos y que para este 2020 solo se le consignaron 500 millones de pesos.

“Entonces yo no entiendo cómo es que si el gobierno quiere aprovechar esas entregas para capitalizarla políticamente, en un año electoral decide recortarle el presupuesto”, enfatizó.

La también secretaria nacional de Organización del PLD dio lectura a la Ley de Régimen Electoral, en su artículo 196.

“Esta Ley, aunque prohíbe en su párrafo uno que las instituciones del Estado puedan utilizarse para promover candidatos o partidos a cargos de elección popular 40 días antes de las lecciones, el párrafo 2 deja claramente establecido que se excluyen de estas prohibiciones los Programas de Asistencia Social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, los cuales podrán desarrollarse conforme dicha planificación.

«Lo que está pasando en este momento con la denuncia del PRM ante la Junta Central Electoral está claramente establecido en la Ley de Régimen Electoral y la Partidos y Agrupaciones Políticas, aprobadas con el consenso de todos los partidos y siempre hablo con ellas en la mano porque sé que es un instrumento que ayuda a fortalecer el sistema de partido y los procesos electorales en el país y esa fue la intención y el gran consenso para estas leyes”, señaló.