La coordinadora de litigios de la PEPCA dijo que los jueces no están adaptados para conocer grandes casos de corrupción administrativa.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, consideró este domingo que la lectura matemática que dan los jueces a los plazos de prisión preventiva provoca dificultades en los procesos que ejecuta el Ministerio Público.

En ese sentido, Ortiz consideró que los jueces no están adaptados para el conocimiento de las grandes operaciones contra la corrupción que desarrolla el actual Ministerio Público. “Las diligencias procesales conllevan tiempo y sus respuestas o resultados no están en manos del Ministerio Público”, dijo.

“Por ejemplo, si solicitamos una evaluación médica de unas heridas que están en evolución y todavía el paciente no tiene el nivel de evolución necesario para el médico establecer el tiempo de curación de esas heridas, que va a ser proporcional al tiempo de duración de la pena, entonces el Ministerio Público necesita más tiempo para presentar la acusación”, indicó.

La directora de Litigación de la Pepca y docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público, recordó que cuando se presenta la acusación corresponde al tribunal notificar a todas las partes de ese acto conclusivo y muchas veces los abogados de la defensa quieren arrojar esta responsabilidad sobre los fiscales.

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“Si un proceso tiene alrededor de 3,000 páginas, solo en el escrito de acusación, más 5,000 pruebas y de cada prueba de esas que abres se desprenden una cantidad de documentos, es lógico entender que de este plazo de cinco días no resulta razonable para que una persona pueda tomar conocimiento de este volumen de documento y preparar los medios de defensa”, indicó.

Añadió que en los casos voluminosos que presenta el Ministerio Público algunos jueces interpretan el sentir del legislador al crear las normas para aplicar los plazos. Citó, por ejemplo el Caso Medusa, con una acusación de más de 12,000 páginas en la que el juez dio a los imputados alrededor de cuatro meses para producir efectivamente un escrito de defensa que debían haber hecho en cinco días conforme a la ley.

“¿Qué nos indica esto y qué mensaje nos marca esto? Que el proceso penal dominicano no fue diseñado para estos procesos, el legislador no pensó que tendríamos una acusación de 12,000 páginas cuando otorgó un plazo de cinco días para defenderse”, indicó.

Recordó que la propia realidad del espacio físico del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se están conociendo muchas de las grandes operaciones, indica que ni el legislador ni el sistema de justicia se prepararon para estos procesos.

La procuradora de corte y docente añadió que esa sola realidad evidencia que el legislador nunca pensó “que iba a llegar un Ministerio Público que iba a recoger a todos los robaron tanto; eso fue lo que quizás no pensó; entonces, ni los procesos ni el sistema está preparado”.