POR RAFAEL MOLINA MORILLO
Al finalizar el año, el gobierno como que ha cogido impulso para completar algunas tareas pendientes.

En esa virtud, por ejemplo, envió al Congreso Nacional las ternas reglamentarias para elegir a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Lo mismo hizo para reestructurar la Cámara de Cuentas.

El gobierno se ocupó también, antes de que termine el año, de conciliar las posiciones de los sectores empresariales y sindicales en lo tocante a la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Salud. Y se le ve muy interesado en obtener la aprobación final del proyecto de rectificación fiscal.

Ya que estamos tan empeñados en terminar las cosas que hemos comenzado, me pregunto: ¿Y por qué no se designa también al Defensor del Pueblo? Ahí está, arrinconada y cubierta de telas de araña, la ley 19-01 que hace cinco años creó esas funciones para que alguien las ejerza, pero hasta ahora no se ha nombrado a nadie para tan delicada tarea.

La persona que se seleccione como Defensor o Defensora del Pueblo debe proceder de una terna presentada al Senado por la Cámara de Diputados y durará seis años en sus funciones.

Se trata, como podemos apreciar, de un concepto muy importante para la democracia, siempre que se haga una escogencia neutral, apolítica y consensuada. Este es el momento. No veo por qué tanta lentitud.