Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
La Junta Central Electoral tiene que emplearse a fondo para realizar una investigación confiable sobre el caso del cura párroco que declaró ante un oficial del estado civil a ochenta y nueve haitianos como nacidos en territorio dominicano. Se trata de un difícil y delicado caso, por cierto.
La primera impresión que produce este hecho es de repulsa. Pero si buscamos dónde se han violado las leyes dominicanas, posiblemente no encontraremos ninguna violación¼ ¿o sí?
El problema está en nuestra Constitución, que considera dominicanos a todos los nacidos en el territorio nacional, aunque sea de padres extranjeros, excepto cuando se trate de diplomáticos o de personas en tránsito. Si aceptamos este postulado constitucional, las ochenta y nueve personas declaradas por el mentado cura, si de verdad nacieron de este lado de la frontera, tienen derecho a la ciudadanía dominicana, y el cura no habría violado ninguna ley, ni el oficial del estado civil, tampoco. Pero, por otra parte, ¿se podría considerar en tránsito a un inmigrante indocumentado o ilegal? Porque, en ese caso, habría que averiguar cuál era el estatus de cada padre o madre de los niños nacidos aquí.
Toca a la Junta Central Electoral desenredar esa complicada madeja. Que lo haga pronto y bien, es el deseo de todos.
