Los partidos de oposición han instruído a sus legisladores para que se opongan a la aprobación de la malhadada ley de Lemas, cuya única virtud sería resolverle un problema al partido de gobierno, a cambio de cercenar el derecho de cada ciudadano para que no se le adjudique su voto a alguien por quien no votó.

Si mi voto se lo dan a un candidato diferente al que yo escogí, tengo que pensar que me han robado mi sufragio. Aparte de injusto, esto es inconstitucional, porque la Carta Magna establece claramente que el voto es directo.

Sin embargo, a pesar de que es tan obvia la irracionalidad de la llamada ley de Lemas, existe un real peligro de que la misma sea aprobada por una decisiva mayoría de legisladores. Parece inconcebible, pero tiene explicación: a cambio del apoyo congresional a favor de la susodicha ley, los diputados y senadores tendrían como recompensa una extensión de sus mandatos por dos años más.

Es tan horripilante esta posibilidad que se le erizan los pelos a cualquiera. Los legisladores han negado la especie, pero ¿se puede creer en ellos? ¿Cuántas veces no han negado los altos dignatarios de la Nación cosas que después resultan verdaderas? No me pidan ejemplos, que están a la vista de todos.

La mera posibilidad de que se pueda intentar, nueva vez, el crimen de la prolongación del período legislativo, debe poner en estado de alerta a todas las fuerzas cívicas del país, para evitar tamaña calamidad pública y tan descomunal burla a la ciudadanía.

El barril está lleno de pólvora. La mecha está afuera. El fuego anda cerca.