Con fuegos artificiales y repique de campanas se ha anunciando, como si se tratara de una gran conquista, que con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal ninguna persona estará presa por más de seis meses sin ser juzgada.

Reconozco que se trata de una mejoría si se compara con la situación actual, que permite que un ciudadano cualquiera pase tras las rejas años y más años en espera de que se materialice su juicio, congelado por la desidia, el desorden, los intereses y otras mil causas, a cual más cruel e injusta. De manera que reducir ese purgatorio a seis meses viene a ser, sin duda, un paso adelante.

Pero tampoco es algo para celebrar. Porque seis meses son ciento ochenta y tantos días. Y un solo día, o apenas unas cuantas horas, que uno pase preso en cualquiera de nuestras treinta y pico de cárceles repartidas en el territorio nacional, son suficientes para salir desmoralizado, humillado, vejado y ultrajado sin remedio, sin que nada ni nadie pueda reparar el daño causado. Todo ello con el agravante de que si al final resulta que quien estuvo preso sale descargado porque no cometió el delito que se le imputaba, sus horas o días o meses de cárcel no se los devuelve nadie.

«Después del palo dao, ni Dios lo quita», dice el viejo y sabio refrán. Y en este caso de las prisiones preventivas, que muchas veces resultan injustas, el dicho popular encuentra cabal aplicación.

Bienvenido sea, ciertamente, el nuevo Código de Procedimiento Penal; pero que se sepa y quede en la mente de los juristas, de los funcionarios judiciales y de los legisladores, que todavía hay que seguir limando asperezas, si queremos llegar a ser algún día una sociedad justa cimentada en un verdadero Estado de Derecho.