RAFAEL MOLINA MORILLO
Estamos en un momento de trascendental importancia. El Estado de Derecho está sometido a prueba. Si no salimos bien de ésta, va a ser muy difícil que ningún dominicano conceptuoso vuelva a tener fe en la justicia, en la democracia ni en ninguna de esas palabras tan hermosas como prostituidas que utilizan a diario los políticos y los funcionarios públicos.

¿Adivinaron? ¡Claro! Me refiero al escándalo de los vehículos robados por los ladrones, recuperados por la Policía Nacional y retenidos con intenciones non sanctas por oficiales de alto rango de dicha institución, llamada “del orden”.

Hace poco fue promulgada una ley para facilitar el libre acceso de cualquier ciudadano a las fuentes de información pública, porque se supone que todo lo que haga el Estado debe estar a la vista de cualquiera de nosotros.

Valiéndose de esa ley, el periódico El Día y la periodista Nuria Piera, por separado, están reclamando a la Policía Nacional que revele los nombres de los oficiales implicados en el escándalo. La ley concede un plazo para que esas peticiones sean atendidas.

Digo que el Estado de Derecho está a prueba, porque si se acata la ley y los nombres reclamados son hechos públicos, tendremos esperanzas de vivir en una sociedad civilizada y con instituciones sanas¼ pero si las autoridades se burlan de la ley y nos mandan pal carajo, ¡adiós, esperanzas!, cerremos la puerta de este “paisaje”, y ¡el último en salir, que apague la luz!

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