Mariano Grondona, en su artículo «El cáncer de la corrupción no es incurable», sostiene que, a pesar de todas las circunstancias adversas, podemos intentar la hazaña de herir de muerte a la corrupción. Pero opina que para ello será necesario, por lo pronto, que la lucha contra el estado de corrupción se convierta no ya en una política de este o de aquel gobierno, sino en una política de Estado en la que todas las fuerzas políticas se comprometan a continuarla, sea cual fuere la que estuviera en el poder.

Sería necesaria, además, la acción no de uno, sino de los tres poderes. Hoy se asigna el papel preponderante en la lucha contra la corrupción al Poder Judicial. Pero la justicia apunta Grondona sólo mira al pasado. Este énfasis sobre el castigo de la corrupción pasada coincide con la tendencia de nuestros gobiernos de investigar y culpar a los anteriores.

La lucha debería concentrarse también en la corrupción futura: la que todavía no ha ocurrido. Así como el pasado es el reino de los jueces, el futuro es el reino de los legisladores. Debiéramos modificar las leyes para controlar mejor los actos del gobierno y para castigarlos con más severidad cuando sean corruptos.

Corresponde enfrentar no sólo a la corrupción que ya ocurrió y a la que podría ocurrir, sino también a la que esté ocurriendo: la corrupción presente. Al presidente, a los fiscales, a la prensa, les corresponde ejercer un control casi obsesivo sobre las actuaciones de los funcionarios, incluyéndose ellos mismos mediante vigilancias cruzadas y recíprocas.

Un cáncer tan avanzado como el de la corrupción que padecemos no será curable por iniciativa de un solo médico, sino una «junta médica» a la que concurran todos los especialistas en un empeño enérgico, convergente y prolongado. De la suerte de esta batalla dependerá, más que de ninguna otra, el futuro de nuestro país.