Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Existe una ley, marcada con el número 82-79, que obliga a todos los funcionarios públicos a rendir una declaración jurada describiendo los bienes patrimoniales que poseen al momento de tomar posesión de sus cargos, y otra al terminar sus funciones. Pero esa ley, como tantas otras, no se cumple a cabalidad.
Que yo recuerde, no ha habido un solo caso de sanciones a un funcionario cualquiera por no presentar su declaración jurada, a pesar de que son muchos los que se burlan de tal disposición.
Como pasado mañana se instala el nuevo Congreso Nacional, les regalo esta idea: ¿por qué no se aprueba, como primera actividad legislativa, un endurecimiento de las penas aplicables a quienes incumplan la susodicha ley, con circunstancias agravantes en caso de que el transgresor sea un senador o diputado, por tratarse de que ellos mismos son quienes hacen las leyes? Así comenzarían sus funciones los nuevos legisladores con una demostración de ética sin precedentes.
El Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, por su parte, también han sido débiles o tolerantes con los infractores de la ley 82-79, sean éstos miembros de su partido o de la oposición.
Caemos otra vez lo siento mucho- en el repetido y consabido final de esta columna: los encargados de hacer cumplir las leyes son los primeros en violarlas, o muy ineficientes al aplicarlas.
