Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Sobre el tapete está la discusión de si la reforma constitucional se hace por consulta popular o mediante una Asamblea Constituyente. En realidad, la Constitución no establece ninguno de los dos procedimientos. Ella dice que los únicos que le pueden introducir modificaciones son los senadores y diputados que integran el Congreso Nacional.
El presidente Fernández se ha inventado el método de la llamada consulta popular, consistente en la opinión de un grupo de expertos, opinión que al final será evaluada por los senadores y diputados que conforman el Congreso. O sea que, a la postre, serán los mismos senadores y diputados quienes decidirán qué aceptan y qué rechazan, por encima de la cabeza de los expertos.
Eso es, precisamente, lo mano de la consulta popular: que, en definitiva, será lo que el Congreso quiera. Y como los congresistas no son más que políticos que antes que nada representan sus propios intereses y los de sus respectivos partidos, sería ingenuo y anti-histórico esperar que antepongan el interés nacional a sus propias ambiciones.
Me inclino por un procedimiento que podríamos llamar de las dos reformas: la primera, para crear la figura de la Asamblea Constituyente; y la segunda, que sería la de fondo, a cargo de la Constituyente así creada.
De ese modo, además, no tendríamos sobre nuestras cabezas, cual espada de Damocles, la perenne posibilidad de que, por razones meramente políticas, los senadores y diputados cambien la Constitución para satisfacer caprichos coyunturales.
