Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Fuentes oficiales han dicho que hay en el país unas 700,000 personas a las que se les han expedido, en una u otra forma, permisos para portar armas de fuego. También se ha dicho que, ante el pedido de que concurran a regularizar esos permisos, solamente han acudido 6, 611 personas. O sea, un uno por ciento.
En otras palabras, solo una persona de cada cien ha querido legalizar la posesión de su arma de fuego. Los otros 99, de cada cien, andan por ahí con sus armas al cinto. Y eso, que solamente estamos contando las que están registradas, porque ¡cómo diablos va uno a saber cuántas armas clandestinas y sin permisos hay en este bendito país!
Los que andamos desarmados, somos los menos. Pero no nos aflijamos, porque también somos los que menos posibilidades tenemos de convertirnos en homicidas. Aparte de que el simple hecho de poseer un artefacto de esos tampoco garantiza la seguridad individual.
Lo que parece más prudente es el desarme general. Que se recojan todas, absolutamente todas las armas. Y que se aplique la ley, inflexiblemente, a quienes las retengan, delincuentes o no. Porque si seguimos en este festival armamentista, pronto dejaremos de ser el paraíso turístico del Caribe, para convertirnos en el paraíso de todos los Al Capones del mundo.
