Hoy 
POR RAFAEL MOLINA MORILLO
Es el número que identifica a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, una ley que poca gente conoce y menos gente usa, a pesar de ser un instrumento utilísimo para que cada ciudadano, como usted y yo, pueda enterarse de cómo los políticos y los funcionarios manejan los intereses de usted y míos.
Como ciudadanos, tenemos derecho a saber todo lo que tenga que ver con el gobierno, con los legisladores, con el Poder Judicial, con los ayuntamientos. Tenemos derecho a saber cuánto cuesta cada obra pública, cuánto se gasta en salud, cuánto cuestan los viajes oficiales, y tenemos derecho a saber, en fin, adónde va a parar cada centavo del Estado.
La Ley 200-04 (apréndanse ese número), aunque tiene algunas imperfecciones, nos enseña los pasos que debemos dar para exigir la información que deseamos en el departamento de la administración pública que queramos. También nos da derecho a indagar sobre los negocios en los cuales el Estado es socio, aunque sea en mínima parte.
Esa buena ley, sin embargo, casi nadie la usa. ¿Será por desconocimiento? ¿O será por desconfianza? Error, en ambos casos. Es necesario y conveniente divulgar su utilidad, que no es solamente para los periódicos y periodistas, sino para todos los ciudadanos. Ya está bueno de que los asuntos públicos se manejen en el misterio y que nosotros, los que pagamos los impuestos, nos quedemos sin saber las interioridades de cada caso.
Esta es una exhortación para que todo el mundo tenga esa ley a mano. Varias instituciones han impreso millares de ejemplares de la ley para regalarlas a quienes se interesen en ella, entre ellas Participación Ciudadana y Finjus. No olviden este número, amables lectores: 200-04.
