Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Quienes, como ciudadanos, nos creemos en el derecho de hacer observaciones al proyecto de Reglamento formulado por la Junta Central Electoral para incidir, entre otras cosas, en el uso de los medios de comunicación, abrigamos, de entrada, una legítima aspiración.
Aspiramos a que las observaciones al Reglamento que se han exteriorizado hasta este momento, y las que de seguro vienen atrás, sean recibidas, estudiadas y atendidas por la JCE con ánimo constructivo. Y que el organismo electoral tenga la suficiente gallardía y humildad para rectificar en aquellas partes que, objetivamente, comprendan que se habían equivocado.
Después de todo, la Junta y los medios de comunicación persiguen el mismo fin, que no es otro que el bien común. La diferencia estriba en los métodos para alcanzarlo. Y lo importante es que, sean cuales fueren esos métodos, deben estar estrictamente apegados a las leyes y sobre todo a la Constitución.
La libertad de expresión es uno de los preceptos constitucionales que tanto la Junta como los medios deben preservar. Como deben preservarla también todos los ciudadanos, periodistas o no, porque en la libertad de expresión descansan los pilares de la democracia.
No dejemos que la pasión ni el orgullo nos impidan llegar a un acuerdo sin perjuicio de los principios y valores que deben regir nuestra vida ciudadana.
