RAFAEL MOLINA MORILLO
Con el debido respeto que profeso al Cardenal y querido compueblano Nicolás de Jesús López Rodríguez, tengo que diferir de él cuando califica de “espectáculo vergonzoso” las discusiones públicas entre miembros de diferentes entidades gubernamentales  como la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y el Seguro Familiar de Salud, entre otras.

Por el contrario, considero saludable que el pensamiento y las actuaciones de los funcionarios públicos s hagan de conocimiento público, sin disfraces ni disimulos, y que cuando entre ellos surjan diferencias, los trapos limpios o sucios correspondientes sean expuestos a la luz del sol.

¿Por qué? Porque los funcionarios públicos son mandatarios del pueblo, o sea que es el pueblo quien los pone ahí para realizar un trabajo determinado y rendirle cuentas, pero sin renunciar a saber en todo momento que están haciendo en su nombre, a su favor o en su perjuicio.

La cultura del secreto y del misterio debe terminar y dar paso a la era de la transparencia. Las instituciones del Estado son (o deben ser) cajas de cristal que no permitan ningún ocultamiento. El debate tiene que ser franco y abierto. Cada uno debe decir lo que piensa.

Solo así podrán los ciudadanos conocer a sus representantes y evaluarlos correctamente. Solo así podrá el pueblo tomar decisiones inteligentes. Solo así podrá cimentarse la verdadera democracia.

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