Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Año tras año somos testigos de encendidos debates en torno al Presupuesto de ingresos y gastos de la nación. Los diferentes departamentos de la administración pública reclaman partidas específicas, señalando que, de no obtener los recursos solicitados, será imposible cumplir con las funciones a su cargo.
Algunas dependencias del Estado no solo piden, sino que exigen porcentajes precisos de los ingresos públicos, porque así lo determinan las leyes. La Secretaría de Educación se basa en una ley para demandar un 4% del PIB o un 16% del ingreso nacional; los Ayuntamientos se apoyan en otra ley para pedir un 10% de todo lo que recibe el Estado; la UASD también tiene argumentos legales para aspirar a un 5%; y por el mismo estilo están el Congreso Nacional, el Poder Judicial y otros organismos oficiales.
Pero sucede que eso que llamamos el Presupuesto es también una ley. Una ley que se aprueba y se promulga todos los años. Y no olvidemos que hay un principio jurídico que dice que cualquier ley deroga a todas las demás leyes anteriores que le sean contrarias. De modo y manera que cada vez que se dicta una ley denominada Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos, con determinadas asignaciones para los diferentes departamentos de la administración, quedan derogadas de pleno derecho todas las leyes anteriores que establecían determinados porcentajes de recursos a las distintas dependencias.
Por otra parte, estamos cansados de ver cómo, después que se le han asignado las partidas de dinero a las secretarías de Estado y otros estamentos oficiales, a mitad de año se modifican esos repartos mediante el mecanismo de la transferencia de gastos, que no es más que una burla a lo previamente establecido.
¿Para qué tanta alharaca, entonces, en torno al Presupuesto, si éste no es más que una ficción?
