Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Promulgada en febrero del año 2001 (hace seis años y pico) la ley No. 19-01 que instituye la Defensoría del Pueblo yace polvorienta y arrumbada en un rincón cualquiera de sabe Dios cuál departamento de la administración pública.
Seis años es demasiado tiempo para que una ley resultante de los reclamos populares permanezca engavetada. Cuando se aprobó esta ley, se creyó que habíamos dado un gran paso de avance en el camino hacia una plena democracia. Pero da la impresión de que se le ha cogido miedo al poder que tendría el Defensor del Pueblo, si es que llega a nombrarse alguno.
La República Dominicana es uno de los pocos países de América que no cuenta con la figura del Defensor del Pueblo a pesar de contar con una ley que ordena su instalación. El asunto está en manos del Poder Legislativo, pero los legisladores están ocupados en otra cosa, talvez más rentable y menos peligrosa.
¿A quién me quejo? No veo a nadie ante quién quejarme. Todos están del otro lado.
