Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
¿Para qué hacemos leyes que no se van a cumplir? La ley 19-01, que hace seis años creó la figura del Defensor del Pueblo, yace cubierta de polvo y telarañas en alguna oscura gaveta de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿para qué se dictó y para qué se promulgó?
La función del Defensor del Pueblo es, básicamente, proteger a la ciudadanía de los abusos de poder y las malas administraciones. Lógicamente, la persona que ostente ese cargo no será un simple empleado nombrado por el Poder Ejecutivo, sino que tendrá carácter constitucional para poder enfrentarse, si fuere necesario, a funcionarios de todos los niveles, sin que nadie pueda destituirlo. Esta circunstancia le dá tanta fuerza al Defensor, que hasta los diputados que tienen la obligación de escoger a esa persona, le han cogido miedo anticipadamente y han dejado por mitad el procedimiento que indica la ley para su designación.
La necesidad de un Defensor del Pueblo se pone de manifiesto cada vez más, a medida que se incrementan los actos de corrupción tanto en el sector público como en el área privada. Tras un largo proceso, la Cámara de Diputados tiene ante sí una lista de candidatos para seleccionar de entre ellos al Defensor, pero ese tema no aparece nunca en la agenda de trabajo de los señores legisladores.
Reitero que parece que los diputados tienen miedo a nombrar un funcionario que después va a venir a pedirles cuentas a ellos, so pretexto de fortalecer el Estado de Derecho. ¡Eso no lo van a propiciar jamás! ¿Crear un monstruo independiente, autónomo, con facultades para investigar en la administración pública? ¡Nunca!
Así es nuestro país. Así es nuestro paisaje.
