El ministro de Salud convocó a las autoridades de Puerto Plata, para diseñar una estrategia para enfrentar el desmadre sanitario que podría producirse en esa provincia,como consecuencia de la masiva concentración de seguidores del llamado peregrino. De esa convocatoria, se excluyó al alcalde del municipio cabecera, evidenciando la proverbialprepotencia del PLD.Con su actitud, ese ministro dio muestra de abuso de poder, de desprecio a la institucionalidad democrática,  a las opiniones del adversario, y del canibalismo político en que han discurrido los gobiernos y prácticas de ese partido. Con ese lastre, el PLD/gobierno no tiene la más mínima posibilidad de gestionar con éxitos una crisis sanitaria como la presente.

El Municipio y su ayuntamiento, junto a la Provincia, constituye institución queejerce el poder político/administrativo local en nuestro país, según lo consignan los artículos 197 y 199 de la Constitución. La Ley 176-07 del DN y los Municipios, establece que el alcalde es el representante del ayuntamiento en los actos y acciones oficiales que se lleven a cabo en su demarcación. Por lo cual, constituye una afrenta a los munícipes puertoplateños que cualquier funcionario del gobierno central organice actividades en esa localidad excluyendo su alcalde. Hacerlo, con o sin la anuencia del presidente de la República, constituye un acto violatoriodel principio constitucional de la división de los poderes. Un primitivismo político, impensable en cualquier país medianamente organizado.

Con su impertinencia, el referido ministro provoca y ofende. Provoca a la investidura legal del alcalde, a la oposición representada en esa autoridad,y ofende al pueblo puertoplateño que le votó masivamente. Y no sólo eso, con su desplante reitera la posición del presidente Medina y del PLD de querer enfrentar solos el Covid-19, contrario a la experiencia de varios países que, con sentido de responsabilidad han incorporado diferentes sectores económicos, sociales y políticos, para enfrentar una crisis sanitaria que aquí no se logra controlar.Por la impericia, somos relativamente primeros en letalidad en toda la región y la curva de nuevos infectados continúa en angustiante ascenso.

Está demostrado que, sólo, este gobierno es incapaz de detener la pandemia en un tiempo deseable y posible, agravando sus efectos devastadores para el país en términos políticos, sociales y económicos.En tal sentido, de este gobierno no puede esperarse nada que no sea lo que siempre han hecho: controlar el poder de manera absolutapara acumular riquezas para sus dirigentes y familiares.A ese propósito, circula por las redes la denuncia de que cinco familias cercanas al apellidodel presidente devengan 4,639,986.00 pesosal mes, que equivale a lo que ganarían tres familias de tres policíasrasos,más o menos en 13 años.

Para mantener ese y otros inicuos privilegios, este gobierno se niega aceptar la “participación de los actores comunitarios en temas de control de epidemias…”, como establece el Capítulo VI de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo en su numeral 2.2.1.5. Eso lo inhabilita para ser parte de un acuerdo nacional para detener el Covid19; ese acuerdo deberá promoverlo la Coalición Democrática por el Cambio, que es mayoría en los gobiernos locales, conjuntamente con otras organizaciones políticas y de la sociedad civil,y partiendo del territorio elaboren los protocolos básicos que normen el proceso de manejo presente y futuro de una crisis sanitaria, económica, social que setorna inaguantable e insostenible, sobre todo para las familias que viven del día día.