MANAGUA (AFP).- El jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Hallesleven, afirmó que las relaciones militares con Estados Unidos «se han enfriado», por la negativa de las autoridades nicaragüenses de destruir todos sus obsoletos misiles SAM-7 comprados a la ex Unión Soviética.

   Las relaciones «se han enfriado un poco (pero) creemos que es temporal, son situaciones que se presentan ya que en todas relaciones hay altas y bajas», afirmó Hallesleven a la prensa. Hallesleven, quien tomó posesión del cargo el pasado 21 de febrero, dijo que el distanciamiento se observa por la posición que han tomado «algunos representantes» de Estados Unidos en las actividades que realiza el ejército nicaragüense.

   Washington ha presionado a Nicaragua para que destruya los más de 1.000 cohete rusos SAM-7 que el ejercito aun guarda en sus arsenales desde la revolución sandinista (1979-90), por temor a que sean desviados a grupos terroristas.

   El ejército plantea, sin embargo, que «el Estado de Nicaragua debe preservar más o menos un 20% de los cohetes» con fines defensivos, posición que ha sido respaldada por el gobierno y el congreso nicaragüense.

   No obstante, la propuesta fue rechazada el pasado 4 de marzo por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Managua, Peter Brennan, quien insistió que los «misiles son peligrosísimos para la aviación civil» y que lo mejor que puede hacer Nicaragua es destruirlos.

   El Ejército de Nicaragua destruyó el año pasado los primeros 1.000 misiles fueron eliminados el año pasado por orden del gobierno de Enrique Bolaños, en el marco de un desarme unilateral que fue criticado por el congreso nicaragüense.

   El parlamento decidió enllavar el desarme con una Ley de Armas que aprobó el año pasado, la cual prohibe al mandatario destruir mas cohetes sin autorización del legislativo.

   La ley fue promovida por la bancada del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y apoya por los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que dominan el Congreso.

   Los legisladores consideran que los cohetes deben ser destruidos en el marco de un proceso de desarme y equilibrio militar acordado hace año y medio por cuatro países centroamericanos.

   Hallesleven señaló que el ejército, como institución subordinada al poder civil, cumplirá con las disposiciones que tome el presidente, siempre y cuando se respeten los procedimientos establecidos en la Ley de Armas.

   El presidente del Parlamento, el sandinista René Nuñez secundó la posición del jefe militar y advirtió que no permitirá que el país quede indefenso.