Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre, denunció hoy la Misión Internacional de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.

La portuguesa María Valiñas, presidenta de la misión, intervino hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la evolución de las libertades fundamentales en Venezuela desde que presentara su primer informe, el pasado septiembre, y señaló que la represión contra toda voz crítica sigue sin remitir.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, una práctica que ya denunció la misión hace medio año, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se lanzó en el barrio caraqueño de La Vega, “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agentes y se perpetraron varios asesinatos.

La jurista también recordó que el 6 de diciembre el país celebró unas elecciones parlamentarias “injustas y carentes de libertad» mientras “el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar».

Citó en este sentido ejemplos como la detención el 25 de febrero del parlamentario Gilberto Sojo, en relación con acusaciones de terrorismo, o el mantenimiento del proceso penal contra el exmiembro de la Asamblea Nacional Juan Requesens, acusado de delitos como intento de homicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

“Nos preocupa que su juicio se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente”, subrayó Valiñas, quien también citó que se mantienen procedimientos penales en más de dos tercios de las 110 detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares ya documentadas en el anterior informe.

Los retrasos en esos procesos han causado “daños graves y en algunos casos irreparables”, aseguró la presidenta de la misión, citando en este caso el ejemplo del indígena Salvador Franco, fallecido en enero tras más de un año en prisión preventiva, y que no recibió atención médica adecuada durante ese cautiverio.

La jurista también destacó que se han documentado al menos 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias desde septiembre, algunas de ellas con motivación política, y nueve de ellas contra periodistas.

Valiñas también mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el Gobierno de Venezuela endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas ONG.

La detención del coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad en noviembre, o la de seis miembros de la ONG Azul Positivo en enero, ejemplifican este problema, defendió Valiñas ante el Consejo de Derechos Humanos.

La portuguesa denunció asimismo que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 más de veinte personas han sido detenidas en Venezuela por “compartir información o criticar la respuesta del Gobierno a la pandemia». Valiñas recordó que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin permitir la entrada al país a la misión (formada por ella, el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils), pero aseguró que “negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos en riesgo».

Recordó que el propio Maduro participó en la inauguración de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado 22 de febrero “y mientras lo hacía, él y su Gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión». La Misión Internacional fue aprobada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa de varios países latinoamericanos del llamado Grupo de Lima, y en septiembre de 2020 determinó que algunas violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro “constituyeron crímenes de lesa humanidad».

Tras la intervención de Valiñas, el embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Héctor Constant, aseguró que el informe de la misión “presenta una vez más información falsa, en extremo politizada, parcializada, selectiva y sin balance alguno».

Añadió que en la elaboración del documento se recurrió a “fuentes inventadas o anónimas y publicaciones en redes sociales, lo cual constituye una vergüenza académica”, por lo que acusó a la misión de despilfarrar más de 8,3 millones de dólares del presupuesto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.