Desde todo punto de vista, el problema haitiano es atinente a todo el Hemisferio Occidental, no sólo a la República Dominicana como su vecino territorial inmediato, receptor de la mayor parte de las terribles consecuencias de la quiebra institucional de aquel país.

Los países de la región, de manera independiente y también en bloque, han sabido levantar la voz en cada oportunidad en que cualquiera de sus vecinos se ve afectado por dificultades políticas, institucionales. También, hay que admitirlo, han cometido barbaridades como refrendar la creación de una mal llamada «Fuerza Interamericana de Paz» (FIP) para justificar la invasión estadounidense a la República Dominicana del 28 de abril de 1965, o el bloqueo, también estadounidense, contra Cuba.

–II–

En los últimos tiempos, quizás por padecer en carne propia la crudeza de la crisis haitiana, la República Dominicana, reiteradamente, ha expuesto en foros internacionales la necesidad de que se busque una salida a la situación, para propiciar el establecimiento de una democracia que permita mejorar las condiciones de vida de los haitianos.

Y ha sido en esa misma línea de conducta que Roberto Alvarez Gil, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha transmitido a este organismo regional el sentir del Gobierno dominicano, para que se proceda a facilitar una salida para la crisis haitiana.

Ahora más que en cualquier otro momento, la OEA está en el deber de tomar partido, involucrarse en la cada vez más grave situación haitiana, y trazar las pautas necesarias para que los grupos de sedición depongan las armas, cesen los crímenes y atropellos y se encaminen esfuerzos para que los haitianos elijan un Gobierno.

El deber es ineludible porque no se concibe que en estos tiempos, en pleno Siglo 21, un país de la región esté sin instituciones democráticas, sin un Gobierno que pueda organizar y mantener un verdadero Estado de Derecho.

–III–

La historia del pueblo haitiano está plagada de accidentes que dieron al traste, una y otra vez, con la institucionalidad. La democracia ha sido un intento inviable, a pesar de que el pueblo haitiano tiene una alta vocación democrática.

En la actualidad, con la debilidad institucional como divisa, Haití opera como un feudo en que varios grupos se reparten el pastel, con predominio de bandas delincuenciales armadas y una población agobiada por el hambre y las enfermedades.

No se concibe que prevalezca en la región, en el Hemisferio Occidental, un país con régimen tribal, sumido en el atraso y agobiado por la miseria, sin un porvenir promisorio.

La OEA tiene que retomar su papel y procurar por todos los medios que Haití se convierta en un auténtico Estado. Para lograrlo hay que dejar de lado la demagogia que ha caracterizado a los que dicen ser grandes amigos de Haití, entre ellos Estados Unidos y Canadá, y Francia en Europa. La OEA tiene que asumir ese compromiso de una vez por todas.