POR CLAUDIO CABRERA
Tras haber logrado un acuerdo donde la agenda económica entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno se centralizó en restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica al país, el organismo multilateral envió otra misión especializada para dar seguimiento a los avances en las reformas institucionales.

Debido al alto interés que para la comunidad financiera internacional representan estas reformas para asegurar la fluidez de recursos al Estado y transparentar la toma de decisiones con miras a hacer sostenible la estabilidad macroeconómica, la misión se ha reunido con todos los funcionarios y ejecutivos de las entidades a ser transformadas para avalar los avances en los cambios encaminados.

El FMI ha puesto gran interés en que el acuerdo arribado con las autoridades pueda ser llevado a cabo tal como fue acordado, pero para ello hay que efectuar una serie de reformas que son las que están en proceso de concreción, según resaltó una fuente vinculada a las autoridades. Los cambios tienen por objeto la prevalencia de la disciplina fiscal.

Hasta el momento se han reunido con el secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, organismo que funge como coordinadora y contraparte de dichas misiones, con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y de otras autoridades de la institución monetaria, con el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, con el secretario de Agricultura, Amílcar Romero, con el tesorero de la República, el director de Presupuesto y los funcionarios de otras entidades oficiales.

El objetivo es tener una visión amplia sobre los alcances de las reformas puestas en marcha, así como del calendario para su término y colocación en el Congreso Nacional.

Esta misión vino al país debido a que en la comunidad financiera internacional se creía que el programa de reformas estaba “retrasado” y marchaba lento con relación a lo acordado, en vista de algunos escollos que confrontaban las comisiones para acelerar un proceso previsto para que desde junio de este año lograra sus primeros objetivos.

Esta preocupación por los retrasos en el calendario se debieron a problemas institucionales y a procedimientos que debieron ser revisados a última hora, antes de que las leyes fuesen al Congreso Nacional para ser avalados por los legisladores y los sectores de la sociedad civil.

Al principio, una principal preocupación residía en que era para concluir la segunda revisión del acuerdo “Stand By” con el país, lo cual está a cargo de la primera misión regular que llegó hace días, con el objeto de revisar los topes cuantitativos programados entre ambas partes.

En el caso de la misión ordinaria que verifica el cumplimiento de las pautas bajo acuerdos, sus integrantes han mostrado también los logros que las autoridades han obtenido, al ratificar que el país sobrepasó los topes cuantitativos propuestos, debido a lo cual es preciso adoptar medidas dirigidas para fortalecer la institucionalidad.

Las reformas están destinadas a cambiar, fusionar, eliminar o crear nuevas instituciones capaces de ajustarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, a los cambios económicos que globalmente influirán en la economía dominicana.

UN ACUERDO PROGRAMADO

En el “Programa Económico de la República Dominicana” (2005-2006), para la firma del nuevo acuerdo Stand By con el FMI en enero de este año, las autoridades se habían comprometido a desarrollar un nuevo programa para restaurar la disciplina fiscal y la estabilidad financiera, “con un fuerte elemento institucional que aborde una gama amplia de preocupaciones sobre buena gestión de gobierno y transparencia”.

Entre otros, eran considerados como “elementos claves” una “reforma de las instituciones en el área de finanzas públicas para mejorar el diseño y la ejecución de las políticas fiscales y permitir el logro de los grandes y necesarios ajustes fiscales”.

Pero en sentido general, se consideró que para mejorar la posición fiscal debería respaldarse el propósito en las reformas de la política impositiva, de la administración e ingresos, sobre la gestión de gastos públicos y sobre el manejo de la deuda.

Al momento de signar el acuerdo en enero de este año, en el documento se detalló que “el gobierno desarrollará, con la asistencia técnica del FMI, los detalles de un paquete de reformas tributarias para marzo del 2005, y para junio del 2005 acordará una estrategia para su implementación, que podría ser adelantada dependiendo de la fecha de la aprobación del CAFTA”.

Se adelantó, entre otros propósitos de entonces, que dicha estrategia de puesta en marcha sería compatible con el compromiso “de consolidar aún más la posición fiscal al 2006”.

Para mejorar el cumplimiento impositivo, el programa detallado de las nuevas reformas institucionales con asistencia técnica del Fondo Monetario y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según se adelantó entonces, incluirían medidas destinadas al fortalecimiento de la capacidad institucional de la autoridad tributaria.

Entre otras cosas, se busca con ello mejorar la capacidad de planificación y control de los tributos en las sedes respectivas, así como la de automatización de los procedimientos básicos. Especial atención se dedicaría al fortalecimiento de los procedimientos de auditoría y ejecución para mejorar la valoración e inspección aduanales.

También se hizo hincapié en que “el gobierno presentaría un proyecto de ley que convierte el fraude y la evasión fiscal en delitos criminales”.

“Para mejorar la eficiencia, transparencia y responsabilidad al rendir cuentas de la gestión fiscal -refiere el documento firmado entre el FMI y las autoridades en enero de este 2005-, el gobierno ha desarrollado, en colaboración con el BID, un proyecto de ley para reformar las actuales prácticas de presupuesto, compras gubernamentales, Tesorería, deuda pública y sistemas de gestión financiera”.

Impacto de los cambios

Esta misión especial designada por el FMI para verificar el estado actual en los avances de las reformas institucionales ha estimado “satisfactorio” el progreso en la formulación de los proyectos para introducir los cambios en el aparato estatal que posibiliten una mayor fluidez de recursos al gobierno. Con ello también se busca reorientar gran parte del aparato productivo del país, con miras a que se aprovechen los mercados disponibles para la exportación.

Especial interés se ha puesto en verificar los resultados de los cambios que conllevará la puesta en marcha del proyecto de reforma fiscal, el cual implica, además, una serie de cambios en los tramos de ingresos públicos para los principales tributos mediante los cuales el Estado obtiene los mayores fondos, que son el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados, Itbis, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el arancel, el Selectivo al Consumo y otros contemplados por la ley.

También analizan los esfuerzos por mejorar decisiones en la aplicación de los recursos, en tanto se procura fortalecer las finanzas gubernamentales, las reservas, mientras mejora el estado general del sistema financiero dominicano acorde al plan de recuperación acordado.