ROSA ALCANTARA
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El informe verbal de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) en la República Dominicana dice que la campaña tiene una duración excesiva, lo que se agrava  con procesos electorales cada dos años, y eso significa  fatiga de los ciudadanos y un gasto económico alto.

El informe presentado por el jefe de la misión, José Octavio Bordón, señala que preocupó la utilización de los recursos del Estado por parte del Poder Ejecutivo para favorecer la reelección del candidato oficialista. “Estas acusaciones incluyeron quejas sobre pagos irregulares a militantes y el uso de publicidad estatal con fines proselitistas”.

  Cita que la misión le dio seguimiento permanente a esa problemática y, en particular, a las conocidas “nominillas”, es decir, al eventual pago de salarios a militantes del Partido de la Liberación Dominicana por trabajos no realizados en la administración pública.

 Respecto al uso de la publicidad estatal y su influencia en la campaña, la MOE-OEA dice que pudo constatar la existencia de excesos y aconsejó mayor prudencia al gobierno, de modo que no se comprometiese la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Señala que aunque la JCE actuó solicitando se eliminasen algunas publicidades oficiales, el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral.

 Normatividad. Al respecto, la MOE-OEA dice que la normativa electoral dominicana adolece de vacíos en temas como la participación del Estado en campañas electorales, la reglamentación de los partidos políticos y la investigación, seguimiento y sanción de los delitos electorales. A esta dificultad hay que sumar el modo laxo con el que en ocasiones se asumen algunas normas ya existentes.

 Advierte que la JCE no tiene competencias para resolver los delitos electorales y las denuncias deben ser llevadas ante la justicia. Sin embargo, los plazos de la justicia ordinaria no se corresponden con los términos perentorios que exige el proceso electoral, lo que significa que los eventuales ilícitos electorales no pueden resolverse antes de que la campaña concluya.

Reflexión sobre reelección. Al hacer una reflexión sobre los problemas normativos que se evidenciaron alrededor de la reelección consecutiva, expresa que como ha sucedido en muchos otros países de América Latina, la reforma constitucional que permite la reelección fue aprobada sin contar con las modificaciones legislativas respecto al uso de los recursos del Estado, lo que ha conllevado un vacío legal que dificulta la fiscalización de los mismos.

 Señala que la reforma constitucional que permite la reelección no fue realizada durante el actual gobierno, sino durante la gestión anterior.

 La misión observó desde el 14 de abril pasado hasta el 16 de mayo cubriendo 20 de las 32 provincias del país.

El 16 de mayo

La MOE-OEA  al evaluar el día de las elecciones, el 16 de mayo, señala que el proceso se llevó adelante de manera satisfactoria. Los partidos, los candidatos, las autoridades electorales y, fundamentalmente el pueblo, aportaron con responsabilidad y respeto a que los comicios se desarrollaran ordenadamente, en un clima de tranquilidad y ausencia de violencia o dificultad graves.

 Además señala que los atrasos y el desorden no fueron infrecuentes, pero en general la organización fue muy buena y prevaleció el deseo ciudadano de participar en la elección de sus autoridades y se percibió entusiasmo por parte de los votantes y buena capacitación de los jurados.

Recibieron denuncias y fueron testigos de irregularidades esporádicas, como el proselitismo electoral dentro de los recintos y el uso inadecuado de distintivos políticos en los lugares de votación. Consideraron, sin embargo, que esos problemas no afectaron de manera determinante el desarrollo de la jornada ni los resultados finales. Dijeron que los escáneres funcionaron apropiadamente.

La dificultad más compleja se produjo tras concluir las votaciones, cuando algunos medios comenzaron a publicar proyecciones obtenidas por las encuestas a boca de urna. Aclaró que la legislación dominicana las prohíbe.

Resaltó  la importancia de que el Estado dominicano, a través de la JCE, haya incrementado su capacidad operativa y velocidad en la respuesta como un instrumento fundamental para poder afrontar los desafíos que la revolución digital y la globalización de la comunicación y los medios le plantean a los sistemas electorales.

Dice que la  JCE  cuenta con  importante legitimidad, credibilidad y prestigio en el país.

Señala que el país cuenta con una democracia estable que ha servido para afianzar los derechos y las libertades públicas.