El siglo XIX estuvo marcado por la impronta maldita de Pedro Santana, apátrida, abusador y criminal, y por Ulises Heureaux, quien paso de héroe de la Restauración de la República a tirano asesino y ladrón.

El siglo XX fue el siglo de Rafael Leónidas Trujillo Molina, cuyos largos años de Gobierno tiránico, ladrón y asesino, marcaron el quehacer nacional hasta nadie sabe cuándo. Una de las secuelas del trujillaje es el quehacer manipulado y manipulador del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.

Desde siempre los gastos en asuntos militares y policiales son tratados como secretos de Estado y ello ha permitido que ocurran situaciones como las que envuelve al general Cáceres, acusado de tantas diabluras que no caben en una cuartilla, todo por el secretismo y el argumento impenetrable de “secreto de Estado”.

Lo mismo pasa con las nóminas de pago de trabajos temporeros de Obras Públicas, cuyo manejo comenzaba en la sede del Ministerio que retrasaba los recursos para que los obreros vendieran sus derechos a corredores combinados con la gente del ministerio, para pagar tarde, cuando ya los trabajadores habían perdido parte de la soldada. Con ese negoción se hicieron ricos, poderosos, personajes de los pueblos. La cadena incluía a los pagadores que abonaban los vales que les presentaban por centenares sin ver la cara de quien cobraba por el sudor de esos infelices.

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La práctica también continúa en todas las dependencias del Estado en las cuales se ejecutan trabajos temporeros, a destajo. No hay ningún control efectivo sobre el uso y destino de esos fondos, lo cual abre los apetitos de mañosos quienes se dedican a crear listas de nombres de personas que no trabajaron, para cobrar como si hubieran realizado una labor.

La ecuación es clara: mientras más personal tiene la nómina de la institución, mayor facilidad para hacer diabluras encuentran los mañosos, para colar uno y otro nombre entre grupos y en combinación con el pagador, cheques que sobran y una cadena de mafiosos que los paga, hasta que llegan a los bancos donde son santificados. ¿Acaso usted cree que no se dan cuenta en los bancos cuando una persona cobra 10, 15 o más cheques? Meta el dedo ahí que la cotorrita no está.

El derecho a nombrar personas para trabajar en el Gobierno debe tener mayores controles, para evitar filtraciones de millones de pesos mensuales por parte de los vivos que se cuelan como el aire, por cualquier resquicio. Sí, hay que reconsiderar el uso de fondos provenientes del 4 % para la educación, y vigilar el destino de estos. El Ministerio de Educación no es un coto cerrado.

En el uso de fondos públicos, transparencia.