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Leímos con detenimiento el contenido de un cable de la Agencia Española de Noticias (EFE) fechado en Santiago de Chile el 30 de mayo próximo pasado, dando cuenta de la promulgación de una Ley de Inclusión Escolar. Dicho edicto entrará en vigencia a partir del primero de enero del año 2016. En cuanto al alcance y significado del mismo, la presidenta de Chile, Michelle Ballelet, formuló el comentario siguiente: “Podemos decir con orgullo que tenderemos una educación sin lucro, donde se terminarán las discriminaciones a los niños y el copago dejará de ser una carga para las familias”. Con la publicación de dicha ley, la mandataria chilena cumple con una de sus promesas de campaña: el desmonte de un modelo de educación heredado de una dictadura como la de Augusto Pinochet forjada por la delación, la tortura, y el miedo.

Una vez derrocado el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, los militares golpistas procedieron a reorganizar el sistema chileno de instrucción pública. En lo que se refiere a la enseñanza básica y media, la geografía de Chile fue dividido en zonas con un oficial superior del Ejército a la cabeza de cada una de ellas. Dichas zonas, a su vez, fueron subdivididas en unidades comunales, y éstas en establecimientos escolares. Los encargados y jefes de todas esas dependencias estaban bajo las órdenes de la autoridad militar y entre sus deberes estaba el denunciar a profesores, padres, y tutores culpables de delitos que iban desde sostener conversaciones hostiles a la Junta Militar de Gobierno hasta “divulgar rumores tendenciosos lanzados por organizaciones extremistas y el de promover reuniones de carácter sedicioso”. Había que denunciar a cualquier profesor que no se limitara a los textos prescritos o que externara opiniones propias. ¿Cómo enseñar y difundir conocimientos en un clima de miedo y de suspicacia como el que vivió el pueblo chileno durante la dictadura del general Augusto Pinochet? Fue en el sector de educación que la dictadura fascista llevó a cabo las acciones más violentas contra el pueblo chileno. Pasado el tiempo, esas discriminaciones políticas comenzaron a adoptar formas más discretas y menos brutales; pero, no menos eficaz en cuanto a permanecer al servicio de los sectores más retardatarios de la sociedad chilena.

En las Universidades chilenas en tiempos de la dictadura, existían organizaciones análogas a las descriptas más arriba. En ellas, al igual que en los niveles básicos y medios, los uniformados ocupaban los puestos de mayor responsabilidad.

En la página 29 del libro del escritor francés Claude Katz “Chile Bajo Pinochet” publicado en Barcelona en 1975 por la Editora Anagrama, en relación con la posibilidad de acceso a los estudios superiores de los egresados del nivel medio, leímos lo siguiente: “Son autorizados a continuar sus estudios hasta la universidad los “buenos alumnos” es decir, los alumnos salidos de la burguesía y políticamente bien orientados. Los otros son dirigidos hacia unos colegios técnicos para una formación de un año, después de la cual pueden ejercer un oficio. Si algunos escaparan a esta selección política y social, se encontrarían para entrar a la universidad con unas dificultades materiales insuperables como la adquisición de libros y tasas de ingreso tan caras que ningún hijo de familia de clase media podía asumir” .

La Junta Militar de Gobierno que gobernó en Chile durante más de una década suspendió casi todos los programas de investigación científica que llevaban a cabo las universidades con el objetivo político de depender cada vez más de los Estados Unidos en materia de producción de conocimientos y de aplicación y uso nuevas tecnologías. Cientos de catedráticos fueron apresados y despedidos del cargo; otros, lo fueron a lo largo de un año; y, los que quedaron pudieron ser objeto de medidas parecidas. ¿Es ése el modelo de educación que debemos imitar?