POR MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
Con sus cíclicas crisis, los recurrentes estancamientos y cambios radicales al influjo de fuerzas externas que la llevaron del cañaveral al resort, de la agroexportación a una economía de servicios, República Dominicana logró grandes transformaciones materiales en los últimos cuatro decenios del siglo XX que septuplicaron el valor de la producción nacional y generaron colosales riquezas, enrumbadas por los rieles de siempre: la élite económica, política y militar.

Al despuntar el siglo XXI, cuando tras una década de crecimiento sostenido parecía que el país despegaba hacia el desarrollo, la vulnerable economía dominicana sufrió un nuevo retroceso, la tercera crisis que nos estremece desde los prósperos años setenta. Un terremoto económico que desmoronó el patrimonio familiar y las jerarquías sociales, una espiral inflacionaria catapultada por la quiebra fraudulenta de tres bancos y la fuga de capitales.

La coyuntura actual, de enmarañada complejidad, aúna los desajustes macroeconómicos y financieros a deficiencias estructurales de larga data que la crisis agudiza, derivadas de un modelo económico marcadamente excluyente, cuyo diseño y manejo responde al beneficio de grupos de poder que imponen las reglas de juego, propician leyes, orientan reformas a su conveniencia.

A las presiones del pago de la deuda y un déficit fiscal traducido en nuevas cargas impositivas, se adicionan, sobredimensionados, problemas seculares: la pobreza y degradación ambiental, los déficit habitacional, de electricidad y agua potable, severas deficiencias en educación, salud y seguridad social, en medio de debilidades acuciantes de la infraestructura productiva y las demandas de una mayor productividad y competitividad.

Un decenio de expansión demostró que, aunque imprescindible, el crecimiento económico no basta para el desarrollo humano. Más que aminorarlos, en los años setenta y noventa se acentuaron los contrastes entre pobres y ricos, la marcada presencia de dos países radicalmente distintos: una reducida población que se explaya en la opulencia frente a una mayoría constreñida por elementales carencias.

Dramática realidad determinada por un estilo de desarrollo que relega al ser humano, generando diferencias portentosas en la distribución de las oportunidades y de las riquezas. Un sistema en el que los programas redistributivos del ingreso y de la renta nacional nunca han tenido trascendencia en las políticas estatales, en el que la economía, eje del accionar público, está disociada de la política social, tradicionalmente marginal, compensatoria, con un propósito asistencial y clientelista.

Abundan las evidencias para concluir que el modelo actual, con un enfoque meramente economicista, ha fracasado. A la par que genera riquezas es propulsor de pobreza y delincuencia, de una violencia para la que los sectores poderosos no encuentran bóvedas de seguridad.

Llegó la hora de revolucionar, no de hacer remiendos. Se hace imperativa la búsqueda de nuevos esquemas de pensamiento y acción, implementar reformas radicales, una política integral que articule lo económico y lo social, enfatizando la creación del capital humano.

RENTA PER CÁPITA

La sociedad dominicana dio un salto significativo, expandió su infraestructura turística, los parques industriales de zonas francas y las comunicaciones, paralelamente al explosivo crecimiento urbano, una amplia red vial y edificaciones que dieron a Santo Domingo un porte de gran ciudad, dinámica, moderna, con torres y plazas comerciales, avenidas y elevados.

Volcada en cifras, representó el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real de RD$1,485 millones en 1970, a RD$7,206.7 millones en 2002, y si bien descendió a RD$7,175.3 millones en 2003, al caer en 0.4%, se recuperó en 2004, cuando creció en 1.95%.

El incremento durante esos decenios reportó una mayor calidad de vida que hasta finales de 2002 abarcó las capas medias, pero ni siquiera en los años de crecimiento económico sostenido se tradujo en desarrollo humano, en bienestar para los pobres. No se saldó la enorme deuda social y se postergó la inversión en la gente, requisito esencial para la equidad y superación de la pobreza.

Estadísticas oficiales indican que el PIB per cápita se incrementó en 9.3%, al pasar de US$1,932.7 en 2003 a US$2,077 en 2004, aunque todavía inferior a los niveles de 2002, que era US$2,386.7. Pese a los altibajos, hay una mejoría apreciable respecto a 1970, cuando el ingreso medio por persona apenas sumaba US$325.

Teóricamente, este indicador económico distribuye en partes iguales el ingreso nacional, el valor de la producción de bienes y servicios entre cada habitante. Promedio al fin, oculta la inequidad generada por una economía regida por patrones de crecimiento fundamentados en la desigualdad de las estructuras sociales que, enrumbada en las tendencias neoliberales, perfilan un futuro de mayor marginalidad y exclusión.

¿Dónde están los cinco dólares y medio que en 2004 correspondían a cada habitante de Gualey y Guachupita, del área rural o los pueblos fronterizos, en los que la pobreza alcanza cimas deshumanizantes?

El PIB per cápita esconde la enorme brecha social, el flujo de las riquezas hacia un reducido segmento poblacional, mientras la mayoría no puede saciar necesidades primarias. Millares sólo disponen de dos dólares diarios, son pobres, los parámetros internacionales los ubican por debajo de la línea de pobreza, otros, apenas un dólar, subviven en la indigencia, en pobreza extrema.

La cruda y persistente realidad ha sido de desigualdad abismal, confirmada por la Encuesta de Gastos e Ingresos en los Hogares (Engih-98) que periódicamente realiza el Banco Central: el 20% más rico de la población acapara casi el 50% del total de ingresos, mientras al 20% más pobre correspondía el 7%.

La riqueza toma el carril de los ricos al fallar a gran escala los mecanismos de redistribución a favor de un sector empresarial-financiero movido por la avidez del dinero y del poder, sin supervisión ni disciplina. Hacia industriales,  importadores, comerciantes y banqueros fluyen los dividendos derivados de la plusvalía, de la apropiación de los beneficios del trabajo, con una exigua remuneración que no cubre la canasta básica familiar, ascendente a septiembre pasado a RD$16,268.13, muy superior al salario mínimo. Acumulan fortunas, además, con la alta rentabilidad en la producción de bienes y servicios y enormes ganancias de los desmedidos márgenes de comercialización de productos agrícolas e industriales, nacionales y extranjeros, intocables, abusivos.

Esos minúsculos grupos de poder son los principales receptores de los préstamos bancarios, declaran pérdidas para no pagar el Impuesto Sobre la Renta, burlan las aduanas y cualquier gravamen lo traspasan al consumidor, mientras compensan las alzas salariales u otros costos adicionales con la poda del personal y la congelación de sueldos.

Consecuentemente, la divergencia en los niveles de vida asumen proporciones abismales. Se agiganta la brecha social, los pobres que trabajan para los ricos y los ricos que se enriquecen con el sudor de los pobres, a los que no pagan un salario justo porque siempre han tenido la protección de los gobiernos, de los políticos que, confabulados con el poder económico, sostienen la inequidad en los mecanismos redistributivos.

RETOMAR EL CRECIMIENTO

La nueva administración inició la conducción del Estado con el propósito de retomar el crecimiento. En pocos meses, comienzan a reconquistar la estabilidad macroeconómica, a hacer frente a otros de sus desafíos: cerrar las brechas fiscales, reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central y desmontar el stock de certificados de inversión.

La devaluación monetaria aumentó el peso del servicio de la deuda externa, que en el presupuesto del 2004 absorbía aproximadamente el 40% del gasto público total, en relación al 20% en 2002. Las acreencias internacionales del gobierno con el sector privado se incrementaron de US$661 millones en 2000 a un valor actual de US$7,057 millones. El monto contratado por la pasada administración se elevó a US$10,992 millones, una avalancha de préstamos que dispararon los gastos corrientes, lesionaron nuestra autonomía económica, hipotecaron el país, comprometiendo a las futuras generaciones.

En los últimos meses se contuvo la pérdida del poder adquisitivo, situándose la tasa cambiaria en alrededor de 30 pesos por dólar, pero la población sigue agobiada por su insolvencia económica, con una inflación acumulada en los últimos tres años de 82%: de 10.5% en 2002, de 42.8% en 2003, y 28.7% en 2004. Pesado fardo levemente aligerado de agosto a diciembre, cuando el Indice de Precios al Consumidor (IPC) bajó en -2.39%.

No bastará conjurar la crisis, recuperar la confianza y estabilidad perdida, tampoco el remedio temporal del Fondo Monetario Internacional y las reformas tributarias y monetarias. De poco valdría sin un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza, sin mejorar los indicadores sociales básicos.

Es preciso diseñar un paquete integral de políticas estatales que ajuste el gasto público a los lienamientos de desarrollo económico y social a largo plazo. Expertos consideran que “no hay mejor política económica que una política social que apoye el crecimiento económico sostenido a través del desarrollo del capital humano por medio de políticas educativas, de salud y seguridad social”. Enfatizan que “no hay mejor política social que una política económica incluyente que genere estabilidad en los ingresos familiares y, en particular, empleos de calidad”.

El modelo económico dominicano desperdicia el potencial humano, persiste un elevado déficit ocupacional en cantidad y calidad, un alto predominio de subempleo, de empleos improductivos. Miles de personas del sector informal de la economía apenas ganan para sobrevivir, mientras en la microempresa prevalece un empleo marginal, degradado.

El sistema económico, excluyente en grado extremo, es despilfarrador de recursos humanos –concluye la economista Maritza Ruiz–, pero nadie hace nada ni toca los factores de esa exclusión, nadie hace nada para decir qué podemos hacer para crecer materialmente pero con la responsabilidad de darle empleo a la gente.

Estas crisis monetarias -agrega- no hacen más que sacar a flote crisis de gran envergadura, reportan que tenemos que volver a poner atención a situaciones contra las que se ha venido alertando y reclamando soluciones hace 25 y 30 años.

La Fundación Friedrich Eberg convocó en 1978 a quince economistas de diversas tendencias para identificar las prioridades que el gobierno que asumiera el poder ese año no debía postergar. Entre los convidados estaba Maritza Ruiz, quien conserva su lista, encabezada por el derecho a la alimentación, el desempleo y los déficits en energía, educación y salud.

El año pasado, Ruiz hizo una consulta para un organismo internacional, detectando los mismos problemas de la década del setenta. Su solución se aplazó, y entre las graves secuelas de la postergación están la expansión de la pobreza y de la delincuencia, prohijadas por un modelo económico dominado por los grupos de poder para provecho propio.

COMPETITIVIDAD

A la realidad estructural y coyuntural dominicana, al desafío del desempleo y de un consumo excluyente se suman los retos de una globalización que nos impele a competir en el mercado en fuerte desventaja, con una industria amenazada por altos costos y baja calidad, y una agricultura rezagada, a la que la devaluación descapitalizó. Superar la extrema fragilidad de la base productiva es un imperativo frente a los cambios en el sistema de comercio internacional, los acuerdos de libre comercio en negociación, que elevarán las presiones competitivas en los mercados internos y externos.

La economía nacional necesita vigorizarse, fortalecer su capacidad agroexportadora, dinamizar el sector industrial, reducir los altos costos de producción, las elevadas tarifas eléctricas y tasas de interés que, no obstante la reciente baja, se convierten en retranca de la productividad. Una condición indispensable es mejorar la infraestructura, la calificación de la fuerza de trabajo. Ser eficientes, competitivos, lo que no será posible con recursos humanos incompetentes, carentes de todo, de alimentos, de servicios.

ISIDORO SANTANA, ECONOMISTA:
Lo que más conviene al desarrollo de la sociedad para que gradualmente se satisfagan las expectativas de mejorar sus condiciones de vida, es la estabilidad macroeconómica, porque la inestabilidad de la macroeconomía es el principal enemigo del progreso ciudadano.

RAMÓN TEJADA HOLGUÍN, SOCIÓLOGO:
Necesitamos un sector popular con conciencia de sus intereses y mayor nivel de identidad, que demande un modelo de desarrollo que le permita vivir decentemente. Esa es mi aspiración para que seamos un mejor país, un país menos excluyente, donde la ciudadanía participe en la toma de decisiones y la ejecución de una parte importante de ellas.

ROBERTO CASSÁ, HISTORIADOR:
La visión elemental de los sectores dirigentes del país es que todo se resuelve en lo económico, y eso es incierto. La economía dominicana estuvo creciendo bastante durante una década, y, sin embargo, los problemas de fondo siguieron intactos porque no se tocó el componente social, tampoco el cultural.

MARITZA RUIZ, ECONOMISTA:
La sociedad se ha empobrecido significativamente en este proceso de crisis, y quizás sea este el momento de traducirlo en oportunidades, de hacer los cambios necesarios en las estructuras de consumo y de producción en un país como el nuestro con un componente importado tan apreciable en todos los bienes y servicios que produce.

JUAN CHRISTIAN MALUF, INGENIERO:
Lo importante es que la estabilidad macroeconómica permita al empresario, al constructor, al comerciante, al industrial, ofrecer a la población sus productos a un precio determinado, porque la inestabilidad crea un nerviosismo, un descontrol, un círculo vicioso. Cuando la macroeconomía está bajo control y hay estabilidad política, las actividades económicas florecen.

JORGE CELA, SACERDOTE:
El pueblo dominicano tiene derechos que hay que respetar. La razón para realizar cambios no es por la amenaza de una explosión social, es por una razón de derechos. Pero estamos caminando hacia una política que aumenta el desempleo, ya la industria azucarera fracasó y ahora vamos en perjuicio de la producción de arroz con el TLC.

MARISOL VICENS, EMPRESARIA:
Como país en vías de desarrollo, vivimos con una serie de deficiencias en salud pública, educación y generación eléctrica, un problema ancestral al que no le hemos encontrado solución cincuenta años después de que Trujillo estatizara la Corporación Eléctrica de Santo Domingo.