El Código Penal dominicano fue Promulgado en agosto del 1884. Cumplirá pronto 133 años. Casi un siglo y medio.
En los últimos 20 años se han venido haciendo intentos de modificar ese Código y adecuarlo a la realidad del S. XXI. Pese a ello, en los últimos tiempos se ha producido una interesante paradoja. De un lado se pretende modernizar al país a través de una reforma legal que adecúe el código a los nuevos tiempos. De otro lado se pretende que el nuevo código siga encadenando al país indefectiblemente al Medioevo.
En efecto, el elemento que ha impedido la aprobación de ese nuevo Código Penal moderno y su puesta al día ha sido una controversia incomprensible y obsoleta. Se trata de la cuestión de la exclusión de las causales que de manera excepcional, permitirían a las mujeres y niñas del país interrumpir libremente el embarazo: cuando la vida de la mujer esté en peligro, en caso de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida. ¿De verdad es tan difícil aceptar estas excepciones, estas eximentes a la prohibición general?
A día de hoy nadie ha explicado convincentemente el motivo de esa oposición.
Las asociaciones de médicos sí han dado razones clínicas para sustentar la inclusión de las causales. Por su parte un sinfín de argumentos de tipo social, han sido aducidos en esa misma línea por colectivos de mujeres y feministas. Hay igualmente en efecto razones análogas de coherencia jurídica como son el sin fin de instrumentos legales internacionales al respecto todos ellos suscritos por la República Dominicana. Existen idénticamente razonamientos políticos claros expresados sin ambages en las diferentes observaciones presidenciales al proyecto que excluía las causales. Hay en fin razones de salud pública y de política social innegables como son la altísima tasa de mortalidad materna o la mortalidad infantil prevaleciente en el país.
Debe ser consecuencia de esta batería de argumentos favorables a la inclusión de las excepciones, que únicamente 6 de los 194 Estados soberanos del mundo penalizan a día de hoy el aborto de manera absoluta.
Sea como fuere, hay una razón que justifica la inclusión de manera indiscutible. Hablo de la razón humanitaria. El derecho a la vida y a la dignidad de niñas y mujeres.
Si no se incluyen las causales mencionadas estaremos condenando a niñas y mujeres pobres a perpetuar así el ciclo de pobreza o peor aún a someterse a abortos clandestinos en condiciones de asepsia inexistentes, incrementándose el número de muertes maternas.
El debate es un pulso antiguo. Humanitarismo y razón frente a la oscuridad y el regreso a la caverna. La atracción de las luces frente a la nostalgia de las sombras de un pasado que no volverá.
El dilema en resumen no es otro que el de abrazar ahora la razón o postergar su inexorable llegada. Posponer esto último se medirá claro en años, pero desgraciadamente también en vidas de niñas y mujeres dominicanas.