El proyecto de Ley que cursa en el Congreso para modificar la Ley 87-01 crearía, de ser aprobado,  una situación de inequidad en el apoyo financiero a los organismos reguladores de la Seguridad Social.

Actualmente hay una difedrenia en el porcentaje de ingresos entre la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de 20% en favor de esta última, pero de aprobarse esa ley esa diferencia aumentaría a un 50%.

Esto así porque el porcentaje de ingresos de la Superintendencia de Pensiones sería bajado de 0.10%a 0.07% del aporte al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivivencia, mientras que el de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales se mantendría en 0.12%.

Sin embargo, tal como han sido presentado los números en el proyecto de modificación de la Ley 87-01 (no se sabe si ingenua o internacionalmente) parecería que el aporte a las dos instituciones se estaría igualando.

El problema está en que en esos números no se incluye que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales recibe, por mandato del artículo 200 de la referida ley, otra partida fija ascendente a un 0.05% por el componente del Seguro de Riesgos Laborales.

 Ese 0.05% más el 0.07% que sí es tomado en cuenta en el proyecto de Ley, eleva el aporte a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a 0.12%.

De no tomarse en cuenta esta realidad y acogerse la modificación de la Ley, según ha sido pospuesta, hay quienes entienden que se podría ver afectado el plan estratégico de la Superintendencia de Pensiones para fortalecer la regulación de los fondos de pensiones, que ya acumulan un monto superior a los 40,000 millones de pesos.

En el diseño de la Ley 87-01 se tomó en cuenta la necesidad de mantener un regulador del sistema de pensiones fuerte, como garantía de que los fondos sean bien invertidos y supervisados, para garantizar una pensión digna a los trabajadores al momento de su retiro.