POR ALEIDA PLASENCIA
Leila Mejía Roldán, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), defendió el proyecto que modifica la Ley 20-00 y dijo que este lo que establece es un mecanismo para garantizar el cumplimiento de un instrumento que ya está en dicha legislación, las licencias obligatorias.

«No se cambia el procedimiento de licencias obligatorias, como falsamente se ha querido vender como idea, algunos abogados que representan multinacionales», señaló.

En declaraciones para este diario, Mejía Roldán se refirió a un proyecto que cursa en la cámara de Diputados, el cual modifica la Ley 20-00, de Propiedad Industrial. Señaló que este proyecto es una respuesta que dan los legisladores ante quejas de la industria farmacéutica local producidas durante varios años, con respecto a que en el país no se cumple el mecanismo denominado «licencias obligatorias».

El cumplimiento de este mecanismo, vigente en la Ley de Propiedad Industrial desde el año 2000, garantizaría que la población pueda acceder a medicamentos a precios asequibles, señaló.

En el citado proyecto, según explicó, se establece un mecanismo para garantizar el cumplimiento de lo que ya está en la Ley 20-00.

Con relaciones a las sanciones penales, el proyecto de ley en cuestión lo que hace es que modifica un poco la forma de sancionar, incluyendo la parte de prisión, dijo. Al respecto, sostuvo que esta modificación es para adecuar la ley dominicana a la legislación que rige en los Estados Unidos sobre esta materia.

Resaltó que la ley norteamericana relativa a esta materia no tiene sanción de prisión ni de multa, sino que sólo contempla indemnización para la propiedad industrial.

Sostuvo que quienes dicen que la modificación en cuestión busca motivar la falsificación de medicamentos, desconocen el derecho y la ley del país. «Esto es así, porque falsificación y violación a la propiedad intelectual son cosas totalmente diferentes», agregó.

La falsificación, dijo, se castiga en la Ley General de Salud con penas criminales de diez años y «va a seguir siendo así».

Indicó que esto también se castiga a través del Código Penal, y la violación a la propiedad industrial no tiene nada qué ver con medicamentos falsificados, indicó Roldán Mejía.