A finales del siglo pasado, durante las discusiones sobre la Ley de Seguridad Social que culminaron en la promulgación de la Ley 87-01, nos ilusionamos con la promesa de un nuevo sistema que cumpliría con la anhelada justicia social, tan pregonada por los líderes surgidos tras la desaparición de la dictadura.

Entre los beneficios que se nos ofrecieron con la nueva ley, se destacaba un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, el cual vendría a solucionar los desafíos de la vejez, como enfermedades, accidentes y demás eventualidades. Se nos presentó como la gran panacea y la mejor reforma del siglo. Sin embargo, los envejecientes siguen siendo los más desprotegidos en este país.

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Hace 22 años se inició la aplicación de la Ley 87-01. ¿Qué hemos logrado? Para el colectivo de la seguridad social digna, “la seguridad social ni es segura ni es social”, ya que la capitalización individual ha creado fondos de pensiones con los ahorros de los trabajadores, pero manejados por un puñado de empresas que, en lugar de aumentar el capital individual, lo disminuyen con el argumento de la depreciación del peso, nuestra moneda local.

Se vendió la idea de un fondo de pensión “personal”, intocable y de propiedad exclusiva del trabajador, pero la realidad es muy distinta. Hace tres años, cuando los dueños de esos fondos—los trabajadores—notaron cierta disminución y solicitaron rendición de cuentas, se culpó al mercado y a la depreciación de la moneda. La opacidad y la falta de información veraz, son algunas de las fallas del sistema que maneja recursos ajenos. En ese momento, el dólar no estaba tan caro como ahora, por lo que debemos monitorear las deducciones que habrá de operarse, ya que nunca habíamos tenido una depreciación tan alta.

En su momento, se prometió que los descuentos serían repuestos, pero eso no ha ocurrido. Una pregunta obligada es, si ciertamente esos fondos son de los trabajadores y si los dueños de esos fondos reciben beneficios por las inversiones que se hacen con ellos.

Según informes oficiales, al cierre del 2024, los fondos de pensiones alcanzaron la cifra de más de un billón, 108 mil millones de pesos, propiedad de cinco millones de trabajadores afiliados, cuyas inversiones se diversifican en la economía real. ¿Qué proporción de los beneficios se refleja en las cuentas individuales?

Por lo visto, los administradores de los fondos los han convertido en un negocio privado y ese no es el espíritu de la Ley 87-01, que propugna la equidad.

Un sistema de protección social debería incluir no solo la transparencia, sino, también la justicia social, denegada a la población. Dado el cúmulo de riquezas generadas con los fondos de pensiones, debería existir un sistema real de protección social. Por esta razón, el Poder Legislativo tiene la oportunidad de casarse con la gloria y promulgar una nueva ley que corrija todas las fallas denunciadas y revise las propuestas que se han enviado para una real protección social hacia los trabajadores.

El Legislativo cuenta con los recursos suficientes para realizar un levantamiento entre los dueños de los fondos—los asalariados—y realizar un estudio a fondo que permita cumplir con la promesa de la esperada y negada justicia social en la República Dominicana.