Un proyecto para la modificación de la Ley 19-00 del Mercado de Valores, sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 25 de abril, abriría el acceso a las cuentas bancarias de los clientes de los bancos en un entorno con débil institucionalidad, por lo que la intimidad financiera de las personas quedaría expuesta y delitos como el secuestro podrían tomar auge.
Así lo plantea un informe que circula en el sector bancario, en el cual se considera que la propuesta de modificación amplía las facultades discrecionales y de inspección de la Superintendencia de Valores, al tiempo que plantea la derogación del secreto bancario, tal y como lo conocemos hoy.

Actualmente, el secreto bancario se sustenta en el literal B del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera, que impone un deber de confidencialidad sobre la información bancaria de terceros al personal de las entidades de intermediación financiera y de los entes reguladores.

Al respecto, la legislación vigente únicamente permite revelar el secreto bancario, bajo estrictos parámetros, siempre que sea “caso por caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos”, la cual debe supervisar tanto la solicitud de la información como el envío de dicha información.

Así, solo puede cederse información personalizada por expresa autorización del titular o de su apoderado a la autoridad tributaria y a los órganos jurisdiccionales o en cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la prevención del lavado de activos.

Secreto bancario, desvirtuado. Sin embargo, en el informe se advierte que si bien no existe el derecho absoluto a la protección de las informaciones bancarias y financieras, el cambio que introduce la modificación de la Ley de Mercados de Valores relajaría perjudicialmente el rigor de acceso a las informaciones personales de los usuarios.

“Con la redacción propuesta, el régimen de regulación del secreto bancario queda desvirtuado completamente: cualquier regulador o supervisor, sin importar del sector que sea, amparado en una norma legal y de manera directa, podrá acceder a todo tipo de información financiera de un modo expreso, en tres días laborales, sin necesidad de requerir la autorización previa de la autoridad judicial competente”, afirman estas fuentes.

Información privada desprotegida. “En otras palabras, el control de la Superintendencia de Bancos se diluye y se transfiere a otros reguladores y supervisores en sentido general, que pueden obtener los detalles de las cuentas de los usuarios de forma masiva o individual. So pena de multa, las entidades de intermediación financiera deberán entregar la información solicitada”, expresa.

Agrega que “si bien es cierto que en el ámbito internacional hay una clara tendencia al intercambio de información para enfrentar el lavado de activos y los paraísos fiscales, lo cierto es que no existe un modelo único para regular el secreto bancario, más allá del equilibrio que debe existir entre la regulación y los derechos de privacidad e intimidad de los ciudadanos”.

“De aprobarse la modificación de la Ley del Mercado de Valores, habría que tener en cuenta las debilidades estructurales del sistema, como son la falta de institucionalidad en el país, la arbitrariedad en el manejo de la cosa pública y la corrupción extendida. El resultado es que la realidad financiera de millones de dominicanos quedará expuesta, con un mayor riesgo de que se filtre y esté a merced de cualquier persona u organización criminal”, explica el informe.

Señala que esta situación derivaría en posibles escenarios de alto riesgo, como abuso de poder, aumento del cibercrimen y la venta de datos, robo de identidad, chantaje por el trasiego de información, e incluso estímulo al secuestro.

En última instancia, como consecuencia de esta modificación legislativa, muchos usuarios podrían sentirse motivados a eludir el sistema financiero y recurrir a alternativas informales fuera de él, perjudicando su estabilidad, señala.
El informe agrega que la modificación del secreto bancario va más allá de un fin exclusivamente “regulatorio” para luchar contra las prácticas de lavado de activos, sino que afecta directamente a los derechos de privacidad e intimidad de los ciudadanos, beneficios que están garantizados en la Constitución de la República.