El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró ayer que  el proyecto de ley Orgánica del Tribunal Constitucional será aprobado  de urgencia  el próximo  martes, 15 de febrero. Recordó que la legislatura extraordinaria vence el jueves 17.

“Es probable que para fines de consenso y una mejor interpretación de la ley,  se introduzcan algunas modificaciones al proyecto que el Senado envío a la Cámara de Diputados”, precisó.

Martínez, representante del PLD por Santiago, agregó que la sociedad dominicana necesita que el Tribunal Constitucional garantice lo  consagrado en la Constitución.

Martínez fue entrevistado en su despacho, previo al inicio de la sesión en la que  fue desechado el proyecto de modificación de la ley número 90-05, que regula el uso de las placas oficiales rotuladas,  municipales, diplomáticas y consulares.

Respetar género.  Varias diputadas, entre ellas Magda Rodríguez, Minou Tavárez Mirabal, Johanny Guzmán, Lucía Medina, Josefa Castillo  y Esther Minyety,  pidieron al hemiciclo rechazar el proyecto, a fin de que se respete el género en la confección de las placas, lo que fue respaldado por sus  colegas del sexo masculino.

El proyecto de ley debe ser reintroducido para su posterior aprobación.

El presidente de la Cámara de  Diputados, aunque ponderó la importancia del proyecto, instó a sus colegas a repudiarlo, incluyendo,  una comunicación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),  que argumenta que el Estado carece de recursos para elaborar las placas dependiendo del sexo del funcionario que ostente el cargo en un momento determinado.

   Refirió que el proyecto  viene a cercenar los derechos de las mujeres, lo que calificó como una discriminación inaceptable.

Los congresistas entienden que las placas de las diputadas o de cualquier funcionaria deben tener la identificación de su sexo y no el masculino como sucede en la actualidad.

Comisión.  En una larga sesión que se extendió hasta pasadas las 4:00 de la tarde, fueron enviados a  comisión el proyecto que  modifica el Consejo Nacional de la Magistratura y el relativo a la escogencia de los  diputados de Ultramar.

 También fue remitido a estudio  el contrato de préstamo  por US$354 millones, 282,988, para la construcción de la presa de Monte Grande.