A dos años del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Haití sigue pagando las consecuencias de aquella fatídica madrugada del miércoles 7 de julio de 2021, cuando un grupo de mercenarios armados, penetraron a su vivienda y le arrebataron la vida frente a su familia.

Aquella mañana de verano, los principales diarios del mundo informaban sobre el brutal asesinato del gobernante, viralizandose videos en el que se observan a un grupo de hombres penetrar a la vivienda y realizar varias detonaciones.

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Sus hijos tuvieron que esconderse y su esposa, Martine Moïse, fue herida en el ataque, según las primeras noticias, estaba en estado delicado por lo que fue llevada a Miami, aunque luego se informó que el disparo que recibió fue en uno de sus brazos y estaba fuera de peligro.

Este fatídico evento cambió por completo el panorama político y social que vivía Haití, envuelto en una estela de especulaciones y teorías conspirativas.

Según informaciones ofrecidas por el juez de paz del Distrito de Pétion-Ville, Henry Destin, quien hizo el levantamiento del cadáver, el cuerpo del mandatario presentaba signos de tortura y “le habían sacado su ojo izquierdo, tenía orificios de bala en la frente, en sus pezones, tres disparos en la cadera y uno más en su abdomen”.

En total, Moïse recibió 12 disparos de fusil y armas de 9mm, que le dejaron además con su pie derecho y uno de sus brazos totalmente fracturados.

Por este hecho, 18 supuestos mercenarios colombianos fueron apresados horas más tarde en Puerto Príncipe, mientras que cuatro más cayeron abatidos ese mismo día.

Antes de su muerte, Moïse reclamaba su estadía en el Poder, el mismo que la oposición quería arrebatar, bajo el alegato de que su mandato había culminado; sin embargo, el gobernante se aferraba al argumento de que, tras el fracaso de las elecciones del 27 de diciembre del 2015, su gobierno no terminaría sino hasta el 2022, como lo establece la Constitución haitiana (período de cinco años), por lo que básicamente estaba gobernando por decreto, tras la disolución del Parlamento.

Aquellos comicios, que debían realizarse a finales del año anterior, fueron pospuestos para finales del 2016, por los niveles de inseguridad y las protestas registradas en el país caribeño, por lo que no fue sino hasta el 7 de febrero del 2017, cuando asumiría el control de la nación.

Su mandato estuvo envuelto en una estela de altibajos hasta su muerte. Las manifestaciones callejeras presentaban ciertas mermas, aunque se registraron varias protestas considerables, principalmente por aumentos en los precios de los combustibles en las postrimerías de su gobierno.

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Pero tras su asesinato, esa sociedad que esperaba una chispa para encender, se volcó y protestó en las calles exigiendo justicia, una justicia que al día de hoy, ha dejado más dudas que respuestas.

¿Quién ordenó su muerte, por qué o cuáles intereses había de por medio?

Estas son algunas de las dudas que aún quedan por responder, mientras Haití continúa braceando para no ahogarse en su propia crisis política, social y económica, que solo se agudiza con el paso del  tiempo.

Meses después del magnicidio, salió a relucir el nombre de Christian Emmanuel Sanon, un reconocido médico, religioso y político haitiano residente en Miami, Estados Unidos, quien supuestamente habría sido el responsable de orquestar la trama y pagar, a través de la compañía Worldwide Investment Development Group, $865,000 dólares para secuestrar y matar al mandatario.

Según informaciones, Sanon, con aspiraciones presidenciales, llevaba meses planificando el golpe, por lo que contrató un grupo de exmilitares colombianos, asociándose con empresarios del país caribeño, para terminar con la vida de Moïse, quien ya había denuncia una trama para matarlo.

Dentro de este grupo estaba Rodolphe Jaar, quien fue apresado por las autoridades dominicanas cuando intentaba entrar al país desde Haití, por lo que fue deportado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua por su participación en el crimen.

Jaar, quien admitió los cargos en su contra, fue hallado culpable de contratar, brindar hospedaje y armar a los mercenarios para ejecutar la “misión”.

Además del empresario con nacionalidad haitiano-estadounidense, la justicia norteamericana tiene procesos abiertos contra 12 personas, de nacionalidades diversas.

Estos presos son: los exsoldados colombianos Mario Palacios y Germán Alejandro Rivera García; el exsenador haitiano John Joel Joseph; los haitiano-estadounidenses James Solages, Joseph Vincent y Christian Emmanuel Sanon; el estadounidense Federick Joseph Bergmann; el colombiano Arcángel Pretel Ortiz, el venezolano-estadounidense Antonio Intriago y el financista ecuatoriano-estadounidense Walter Veintemilla.

Además, otras 40 personas permanecen apresadas en Haití por este crimen, que conmocionó al mundo, la mañana de aquel funesto 7 de abril, en un Haití que todavía no se recupera de esa pérdida.

Vacío de poder

El anuncio de la muerte lo hizo el entonces canciller haitiano Claude Joseph, quien en un frio comunicado, informó que el mandatario habría muerto, pero llamaba a la calma, mientras se disponía a asumir las riendas del país.

Pero esto no sucedió, ya que dos días antes de su asesinato, Moïses nombró a Ariel Henry como Primer Ministro, por lo que tras semanas de disputas internas, tomó el control y desde entonces, comanda un gobierno de oropel, mientras todos los sectores parecen desinteresados en reestablecer el orden democrático.

Mientras ese momento llega, las muertes por disputas entre pandillas, los secuestros y la inseguridad, arropan a una nación cada vez más empobrecida, mientras la comunidad internacional mantiene un discurso contradictorio, si se analiza desde el punto de vista de lo que realmente han aportado para la solución del conflicto.

Mientras, la comunidad haitiana continua luchando para que su voz sea escuchada y se pase de la retórica a la acción, con las ayudas prometidas que aún no terminan de llegar.