Pudiéramos llenar esta reflexión de adagios populares tales como: el que evita no es cobarde; una onza de prevención vale más que una libra de cura; más vale prevenir que lamentar; etcétera.  Sin embargo, vamos a conformarnos con decir que por encima del noventa por ciento de los accidentes son evitables.

¿Sabían nuestros lectores que la inmensa mayoría de las lesiones corporales suceden en el hogar o en el área de trabajo? Ello nos indica que la persona cabeza de familia, el gerente o presidente de la empresa, oficina, escuela o Estado tienen sobre sus hombros la gran responsabilidad de implementar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para evitar la ocurrencia de percances que degeneran tragedias fatales.

La muerte de nueve adultos durante una explosión seguida de un voraz incendio acaecida en la Ciudad de la Salud, en Santo Domingo debe inducirnos a revisar las normas vigentes para obreros, técnicos y profesionales de la construcción. Valdría la pena ilustrar el presente trabajo con una experiencia vivida por el autor en la ciudad de Chicago hace ya cuarenta años. Habíamos alquilado un edificio en el sur de la ciudad de los vientos y contratamos a un equipo compuesto por mexicanos y puertorriqueños para construir allí las oficinas de nuestro laboratorio de patología. A punto de inaugurar el local se presentó allí un oficial del Ayuntamiento quien nos inquirió acerca de los distintos permisos y supervisiones requeridos para llevar a cabo dicha construcción.

La ignorancia e inadecuada asesoría legal nos había llevado a transgredir la ley y su costo no se haría esperar. Fue necesario desmantelar paredes, techo, piso y alambrado con enormes pérdidas para el dueño. Amén tuvimos que contratar un profesional  debidamente certificado para la supervisión de la obra.

Se requería de materiales específicos de construcción, alambres codificados, puertas de salida de emergencia, ventilación y equipos contra incendio instalados con su certificado de actualización. Hubo de establecerse un cerco de seguridad para transeúntes con fecha de inicio y de fin, así como el pago por los costos de verificación. Nadie podía penetrar al área en remodelación sin un casco protector y botas. Cada uno de los obreros usaba una vestimenta hecha con un material resistente al  fuego. Aquello se convirtió en una lección permanente sobre seguridad urbana en una ciudad moderna.

En pleno siglo XXI recibimos con cierta frecuencia en Patología Forense cadáveres de haitianos víctimas de caídas al vacío desde lo alto de una que otra torre en construcción. La  muerte de ocho dominicanos y un obrero haitiano a causa de asfixia química por monóxido de carbono durante el incendio ocurrido en el anexo del Hospital de Traumatología Dr. Ney Arias Lora nos hace preguntar: ¿Había puerta  de escape o múltiples puntos de salida para las personas atrapadas dentro del  sitio incendiado? ¿Tenía el lugar una apropiada ventilación que impidiera una alta concentración de monóxido de carbono? ¿Acaso es suficiente con anunciar la compensación económica a favor de los familiares de las víctimas? ¿No debería esto servirnos para revisar las reglamentaciones sobre seguridad de los trabajadores del sector construcción?

A pregunta necia oído sordo nos respondería un indolente y servil.