POR ODALIS MEJIA
El país apenas tiene 85 defensores públicos de más de 300 que se necesitan para cubrir las necesidades de garantizar la defensa de los acusados de diferentes delitos, tal como lo plantea el Código Procesal Penal, afirmó ayer el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Henry Molina.

Al hablar durante el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Molina también manifestó que en la actualidad se están formando unos 40 defensores y que en enero ingresarán otros 40 para cubrir  230 plazas que están vacantes.

Sin embargo, el funcionario expresó que no se trata de formar defensores públicos al vapor, sino que es un proceso de capacitación de  abogados en derecho que durante un año se preparan en la Escuela en las habilidades,  destrezas y conocimientos del ejercicio.

El sistema de defensoría pública lleva tres años y medio en funcionamiento y vino a sustituir lo que anteriormente se denominaban abogados de oficio, quienes eran personas que se dedicaban a tiempo parcial a  defender acusados y los designaba el tribunal.

“Hoy en día se trata de un cuerpo profesional que toma el caso a tiempo completo, donde el ciudadano acude directamente y toma el caso desde el inicio hasta el final y le garantiza a una asistencia legal a lo largo de todo el proceso”, explicó Molina.

Señaló que este antiguo sistema tenía serias limitantes para que los más necesitados obtuvieran  la asistencia legal pública, lo cual se trata de mejorar sustancialmente con el nuevo programa.

Aclaró que los defensores públicos de la actualidad sólo asisten a los  presuntos imputados de un hecho, ya que el Ministerio Público tiene a cargo la defensa de la víctima de un hecho determinado.

INVESTIGACIONES

En otro punto, Molina criticó  la falta de investigación criminal  de parte del Ministerio Público, siendo la Policía Nacional la que más experticios realiza, lo que crea una distorsión procesal y cultural a la hora de un proceso de indagatoria. 

Dijo, además, que existe un problema cultural muy grave porque a la Policía Nacional le resulta muy difícil dejarse dirigir  por el Ministerio Público.

Abogó por más capacitación e intercambio entre ambos sectores, entendiendo que no se cambia una cultura y un sistema de la noche a la mañana y apuntó que una mejor profesionalización de la justicia dominicana, así como un mejor nivel de investigación, ayudarían mucho a todo ese proceso.

En otro punto, Molina también criticó los métodos policiales para luchar contra la criminalidad, ya que, a su entender, esta tarea no puede estar basada en la violación de  los derechos a los ciudadanos.

“Cuanto más redadas proporcionalmente más malo es el proceso de investigación de la Policía Nacional. No es posible que tengamos que vivir en un estado militarizado.  Hay que cambiar  las malas prácticas y que son reflejo de la debilidad de la capacidad investigativa de Policía”, expresó.

Abogó también por una política criminal del Estado que contenga la prevención, de forma que los procesos no necesariamente pasen por la “judicialización”.