El expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rafael Molina Morillo, exigió una investigación profunda por la suspensión de la transmisión del documental del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en dos canales de televisión nacional privando a la sociedad de conocer el contenido del material audiovisual.
“El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tenía preparado unos vídeos, unos cortos, que habían sido aprobados para ser transmitidos por Telesistema y Color Visión y a última hora se les informó que no iban a transmitirlos. Eso puede obedecer a muchas razones, algunas, tal vez valederas, pero huele un poco a presiones políticas. Yo creo que todas las limitaciones que puede haber a la libertad de expresión vale la pena aclarar de una manera creíble”.
El experimentado periodista expresó su inquietud durante la reunión de medio año de la SIP que se celebra en Punta Cana.
CDP. De su lado, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) abogó por la primacía de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana.
Olivo De León, presidente de la institución, afirmó que los medios no deben negarle a la ciudadanía ese derecho, porque con ello también estarían cerrándole el paso al derecho a la información.

“Si intervino o no el gobierno en estos casos, no podemos opinar sobre eso, ya que no lo sabemos, lo desconocemos totalmente”, precisó.
Agregó que lo que sí es obvio es que en estos casos hubo censura previa y autocensura por parte de los ejecutivos de esos medios, lo cual es rechazado por la Constitución, la legislación de prensa y por los preceptos internacionales adoptados en el país.
Explicó que “el derecho de la gente a permanecer informada, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, entre otros, son derechos fundamentales que deben ser respetados”.
Precisó que estos derechos están consagrados en el artículo 49 de la Constitución, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Apuntó que el disfrute de esas libertades debe estar sujeto al respeto al derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad y a la moral de las personas.

Recordó que el Tribunal Constitucional eliminó los artículos de la Ley 61-32 que pudieran comprometer la responsabilidad penal y civil de los propietarios y ejecutivos de medios de comunicación ante eventuales violaciones a los llamados delitos de prensa.